El juez Bejas procesó a los dueños del ingenio Santa Bárbara por contaminación ambiental
El juez federal Daniel Bejas ordenó el procesamiento sin prisión preventiva contra José y Julio Colombres, por el delito de contaminación ambiental También dispuso un embargo de $2 millones a cada uno. Se trata de una vieja causa que se inició en 2006.
Después de 11 años de investigación y de planteos contrapuestos en la Justicia Federal de Tucumán, el juez federal Nº1, Daniel Bejas, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva contra José Agustín Colombres y Julio José Colombres, como presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental, previsto y penado por el artículo 55 de la Ley nacional 24.051. Ambos industriales son los responsables de la firma “Azucarera J.M.Terán S.A”, a cargo de la explotación del Ingenio Santa Bárbara, ubicado al sudeste de la ciudad de Aguilares, departamento Río Chico.
En su fallo, el juez Bejas argumentó su decisión en base a informes de expertos y de Gendarmería Nacional que alertaron sobre la contaminación y el peligro para la salud humana que representan los efluentes líquidos que arrojaría la firma explotadora del Ingenio Santa Bárbara al Rio Chico, el cual desemboca en la Cuenca del Río Salí y finalmente en la cuenca del Dique Frontal, en Tucumán. “Como surge de los dos informes realizados por Gendarinería Nacional la contaminación excedió los límites legalmente tolerables, creando de esta manera un riesgo jurídicamente desaprobado. En este sentido, no puedo dejar de hacer referencia a que la contaminación de la Cuenca del Río Salí- Dulce efectuada por intermedio del Río Chico culmina en el Dique El Frontal, el cual es utilizado para la extracción de agua potable para numerosas personas”, sostuvo Bejas en uno de los argumentos expuestos en su fallo.
Otro informe clave fue el da la doctora Inés O'Farrell del Instituto de Ecología, Genética y Evolución Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Buenos Aires. “La profesional a cargo de la investigación sostuvo que las aguas a las cuales el ingenio arroja sus afluentes son un ambiente propicio para un gran desarrollo de bacterias, protozoos, virus y hongos que podrían afectar a la salud humana en forma directa o indirecta. Por otro lado destacó que los niveles de componentes señalados son indicadores ecológicos de gran cantidad de materia orgánica que al ser descompuesta en condiciones anaeróbicas produce amonio, ácido acético, sulfüro de hidrógeno y metano. Finalmente también la doctora O'Farrell destacó que esos compuestos son tóxicos para la mayor parte de formas de vida acuática, además de ser estéticamente indeseables en virtud de su olor. Finalmente señaló que las especies químicas nitrogenadas en exceso inducen metahemoglobina infantil y cáncer gástrico. En esa misma dirección se pronunciaron los pobladores del lugar donde se encuentra el ingenio, principales afectados por los hechos denunciados, quienes expresaron que la empresa investigada produce "...olores fuertes, el humo de la quema de caña, cenizas y el hollín de las calderas del ingenio.. . ", concluyó el juez en otro párrafo de su fallo.
Más de 11 años de idas y vueltas
La causa se inició el 25 de agosto de 2006 con las actuaciones preliminares del Fiscal General Antonio Gómez. “La abundante prueba de cargo incorporada a la causa permitió comprobar que los endilgados contaminaron los cursos de agua donde desechan sus efluentes industriales el Ingenio Santa Bárbara, generando un daño interjurisdiccional y un grave peligro a la salud pública”, había concluido Gómez en su investigación preliminar. Pero luego de un planteo de la defensa de los industriales, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el sobreseimiento de los imputados en un fallo dictado en mayo de 2015.
El 14 de julio de 2016 se revirtió el destino de la causa, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó revocar el sobreseimiento y remitir el expediente para continuar con su investigación.
Más de un año después, el 4 de julio de este año, el juez federal Daniel Bejas firmó el fallo que ordena el procesamiento de los dueños del ingenio Santa Bárbara. También dispuso un embargo en los bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma $2 millones, por cada uno de ellos.