Condenaron a cinco años de prisión al ex juez federal Terán por enriquecimiento ilícito
El Tribunal Oral Federal de Tucumán también dispuso la inhabilitación absoluta por diez años y el decomiso de $1.693.213. El incremento injustificado de su patrimonio se calcula en casi 2 millones de pesos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó este viernes a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años al ex juez federal Felipe Federico Terán, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y penado por el art.268 del Código Penal vigente al momento de los hechos.
La pena impuesta a través del voto mayoritario de los jueces Gabriel Casas y Juan Reynaga -la jueza María Noli había estimado la pena en 3 años de prisión- coincide con la requerida por el Ministerio Público Fiscal, representado durante el juicio por el fiscal Pablo Camuña.
Asimismo, el tribunal dispuso el decomiso de $1.693.213, suma considerada como resultado de la comisión del delito cometido por el ex magistrado durante 1999 y 2005.
Los fundamentos de la condena se conocerán el 27 de noviembre próximo.
El juicio
El debate oral y público comenzó el 15 de noviembre pasado. En su alegato ante el Tribunal, Camuña consideró acreditado el significativo aumento patrimonial registrado por Felipe Terán entre 1999 y 2005, período durante el cual ejerció como titular del Juzgado Federal n°2 de Tucumán. Al respecto, precisó que durante esos años se exteriorizaron gastos de consumo por un total $228.000, inversiones por $842.000 y depósitos en dinero por $332.000, es decir, un total de $1.402.780, e ingresos por un total de $852.054, lo que arroja un incremento patrimonial no justificado de $550.725 durante ese período.
Tal conclusión surge de la pericia realizada por el Cuerpo de Peritos especializado en casos de corrupción y delitos contra la administración pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenada oportunamente por el Tribunal, y de la cual participaron peritos del Ministerio Público Fiscal (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, DAFI) y del propio imputado. Asimismo, en la etapa de instrucción, especialistas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habían alcanzado la misma conclusión.
Un incremento apreciable
En su exposición ante el Tribunal, Camuña consideró que el monto que el ex juez no ha podido justificar implica un incremento patrimonial apreciable.
Al respecto, precisó que de los 10 inmuebles detectados 7 se adquirieron durante este período (1999-2005), mientras que entre los automotores, todos menos uno fueron incorporados al patrimonio en estos mismos años. En efecto, para dar una dimensión actualizada de los montos a los que se hacen referencia, según la manifestación de los peritos, aplicando la tasa activa del Banco Nación el monto de $550.000 representaría $1.923.767, 47 pesos a la fecha de hoy. Asimismo, el monto total de $550.000 representaba en 2005, 80 sueldos de juez federal de primera instancia, según la metodología de cálculo propuesta por uno de los integrantes del TOF y convalidada por la DAFI.
El representante del MPF hizo hincapié además en que durante la etapa de instrucción – en la que intervino el fiscal federal Carlos Brito- se requirió debidamente a Terán por los injustificados incrementos patrimoniales durante el ejercicio de su función. Rechazó así uno de los planteos de la defensa del ex magistrado motivado en una supuesta falta de requerimiento.
“No sólo se requirió debidamente a Terán por el incremento patrimonial injustificado, en tanto un acto formal que en efecto ocurrió y está documentado, sino que además se le permitió a lo largo de todo el proceso ejercer actos adicionales de justificación, como modo particular que asume la posición defensiva en este tipo de delitos. Y que no sólo pudo ejercerlos, sino que efectivamente los ejerció. Y que aún así una apreciable porción de su patrimonio es atribuible directamente al enriquecimiento ilícito”.
La primera condena
En octubre de 2014, el TOCF de Tucumán condenó a Terán –y a dos abogados- a tres años de prisión por el delito de falsificación de documentos, en el marco de una causa por maniobras con títulos públicos mediante las que se habrían buscado defraudar al Estado por decenas de millones de dólares. (fiscales.gob.ar)