Los peritos que trabajan en el Pozo de Vargas no cobraron ningún salario de 2017

Los doce peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) que están trabajando en las excavaciones e investigaciones del Pozo de Vargas no cobraron ningún salario de los doce meses de 2017.  Fuentes confiables de periódicomóvil.com aseguraron que la última vez que percibieron un sueldo fue en octubre del año pasado, pero se trataba del salario correspondiente a diciembre de 2016.  Los salarios de los investigadores son adeudados por el Consejo de la Magistratura de la Nación, que ahora preside Miguel Piedecasas.

La situación salarial que afecta a los peritos no es nueva, ya a comienzos del año pasado, en el programa televisivo de Documento, los mismos familiares de desaparecidos denunciaron la falta de pago de los salarios y de recursos para avanzar con los trabajos de investigación del Pozo de Vargas, donde se arrojaron los cuerpos de más de 100 víctimas de la última dictadura militar.

De hecho, gracias al trabajo de los especialistas del CAMIT, en conjunto a los 15 años de investigación de la Justicia Federal, ya se logró identificar a 106 restos hallados en el enterramiento clandestino, ubicado en la avenida Francisco de Aguirre al 4.000, en la capital tucumana.

Así se supieron los nombres de estudiantes, docentes, obreros ferroviarios, dirigentes políticos, gremialistas, jornaleros, que surgieron de los estudios de ADN que se realizan en base a los 37.000 restos óseos que fueron recuperados en 2015 en el Pozo de Vargas. Son los nombres de seres humanos que sufrieron la masacre que los represores quisieron ocultar, pero no pudieron.

Hasta el momento ya  se recuperó la mayor cantidad de restos óseos que estaban concentrados entre los 28 y los 32 metros de profundidad del pozo, y ahora sólo restan excavar 7 metros. Allí, los peritos esperan encontrar fragmentos óseos más pequeños que cayeron por debajo de dos vigas entrecruzadas que existen en ese nivel y que generaron una superficie de retención. Sin embargo, aún no se sabe cuántos cuerpos  más podrían recuperarse en el pozo.

Pero la grave situación laboral de los investigadores pone en riesgo el avance de estas excavaciones que ya destaparon la masacre que cometieron los represores durante la última dictadura militar en Tucumán.