Fue a declarar por error y reveló cómo opera la millonaria caja de los adicionales de la Policía

Luis Alberto Mansilla fue citado como testigo por la defensa del ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, acusado de encubrir el crimen de Paulina Lebbos. El martes por la tarde, cuando ya se encontraba en la sala de testigos, José Luis Chabán, abogado de Sánchez, ofreció desistir de su declaración y de la de otro policía citado, pero la propuesta fue rechazada por Emilio Mrad, querellante en representación de Alberto Lebbos. “Quiero escuchar a los testigos”, dijo.

Cuando Mansilla ingresó a la sala, prestó juramento y, de inmediato, Chabán solicitó que se retire un momento. Entonces, explicó que había sido citado por error, creyendo que el ex policía había participado de la investigación del crimen de Paulina cuando en realidad había investigado el de Beatriz Argañaraz (desaparecida y asesinada ese mismo año). Sin embargo, Mrad insistió en interrogarlo.

Efectivamente, Mansilla no había asistido al lugar del hallazgo ni había tenido intervención en la causa que se juzga. Sin embargo, otro dato resultó de interés para las partes: el testigo, en la época del crimen, era el jefe de la División Policía Adicional. “Mi función era administrar los servicios adicionales que prestaban los efectivos bajo un régimen especial”, explicó el testigo.

Los “adicionales” son servicios de seguridad que prestan los miembros de la fuerza cuando no están trabajando, es decir, en sus descansos. Los destinatarios son personas, organismos, comercios, fiestas, edificios y todo aquel que requiera -y pague- una vigilancia especial. Se trata de un sistema interno de la Policía, no auditado y cuyo funcionamiento siempre fue misterioso.

Mrad comenzó a indagar en detalles de las funciones que el testigo prestaba pero fue insistentemente interrumpido por el defensor de Sánchez, que se opuso a las preguntas por considerar que se alejaban del objeto del juicio. “Los adicionales se prestaban en todos los puntos de la provincia y es mi interés indagar si se le dio instrucciones a esos policías para que busquen a Paulina cuando estaba desaparecida”, explicó el abogado de Lebbos y el tribunal consideró que sí era pertinente profundizar esa línea.

El testigo dijo que, desde su división, sólo se administraban cuentas de grandes instituciones: bancos y una estación de servicios. Explicó que eran objetivos con quienes se firmaba un contrato y que “necesitaban que se facture” el servicio, aunque no aclaró si a otros “clientes” se les cobraba sin facturar. Detalló que, con el dinero que se recaudaba se pagaba el trabajo de los policías que realizaban esa labor, previa “retención” de un monto que era depositado en la cuenta de la Policía.

El monto que debe pagar quien solicite estos servicios es determinado por el jefe de Policía, quien establece el valor de la hora de vigilancia, dijo el testigo Mansilla. Además, señaló que desde la repartición a su cargo sólo se administraba el dinero y los turnos y que las órdenes operativas (en este caso, alguna supuesta instrucción de estar atentos por la desaparición de Paulina) eran emanadas por otros jefes.

Un párrafo aparte constituyó su relato de los espectáculos deportivos. Los estadios, aseguró, también contratan servicios adicionales, pero esos ingresos eran administrados por la sección Seguridad Deportiva. El jefe de esa repartición era en 2006 y sigue siendo Jorge Díaz, indicó. “¿De quién depende esa sección?”, preguntó Mrad al testigo. “Mire, en cierta forma es un área que depende de Policía Adicional, pero más que nada tenía relación directa con el jefe de Operaciones”, esbozó el testigo Mansilla.

“Espero que el tema de cómo son los servicios adicionales algún día se pueda saber públicamente, sería una buena medida republicana”, dijo el vocal del tribunal Dante Ibáñez. “Comparto”, agregó el presidente, Carlos Caramuti.

Una caja misteriosa

De acuerdo a un análisis que realizó el Tribunal de Cuentas (TC) en septiembre del año pasado, los servicios adicionales generan ingresos a la Policía del orden de los $ 500.000 diarios. Según informó entonces La Gaceta, en 2016 ingresaron a la Policía de Tucumán $ 184,9 millones por esos conceptos.

Los auditores observaron que el servicio tiene un tratamiento “extra sistema”. “No existe en el Sistema de Administración Financiera y Control (Safyc) ningún registro presupuestario, financiero ni contable” señalaron en aquella oportunidad el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf y los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci.

“Corresponde, conforme lo normado por la Ley de Administración Financiera: que la totalidad de los fondos de esta operatoria sean incorporados y registrados en el Presupuesto de la Provincia”, indicó el organismo. Y resolvió “recomendar al Poder Ejecutivo (…) que arbitre las medidas conducentes a la regularización de las situaciones observadas”.

Este sistema viene operando de esta manera desde hace 48 años. Fue instaurado en 1970 por una ley de la Provincia y reglamentado por un decreto. Durante los últimos años, varios proyectos de ley buscaron regularlos e, incluso, prohibirlos. Entre los argumentos, se señala que se trata de verdaderos negocios de algunos jefes de comisarías o zonales, en muchos casos no facturados y por los que se establece un mecanismo de recaudación paralelo y de “premios y castigos” para los subordinados que deseen obtener ese ingreso extra. Sin embargo, ninguna de las iniciativas prosperó en la Legislatura.