Una Diputada Nacional denunció a la fiscal Adriana Giannoni por negar la aplicación de la ILE a la niña de 11 años
La diputada radical Teresita Villavicencio denunció penalmente a la fiscal especializada en homicidios por sus actuaciones en el caso de la niña embarazada por una violación. La fiscal está acusada de presunta coacción y abuso de autoridad.
El caso de la niña de 11 años que quedó embarazada luego de sufrir una violación sigue en el centro de la polémica en Tucumán.
Es que, luego de habérsele practicado una cesárea cuando la niña y su madre habían manifestado su voluntad de interrumpir el embarazo, comenzó el fuego cruzado entre el Gobierno Provincial y la Justicia.
El pasado viernes, un día después de haberse realizado el procedimiento quirúrgico a la nena, la Ministra de Salud Rossana Chahla había asegurado en una entrevista televisiva que la fiscal especializada en homicidios, Adriana Giannoni, había pedido que no se aplicara el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La acusación recibió una respuesta casi inmediata: el Ministerio Público Fiscal difundió un parte de prensa donde desmentía los dichos de la ministra, asegurando que desde ese ministerio nunca se emitió orden judicial alguna para evitar la interrupción del embarazo.
Ahora, el caso “Lucía2 (nombre ficticio con el que se conoce a la niña) volvió a la superficie del debate cuando se conoció que el 11 de febrero, 15 días antes de practicarse la cesárea, Giannoni envió un apercibimiento a las autoridades del Hospital Eva Perón, donde les informaba que dependía de ellos el cuidado de la vida “desde la concepción”. Por esta notificación, aseguró la titular de la cartera de salud, los médicos del hospital se negaron a realizar la práctica y tuvieron que intervenir médicos ajenos a la institución.
Ahora, la Diputada Nacional María Teresita Villavicencio presentó una denuncia penal contra la fiscal Giannoni por su actuación en el caso. Patrocinada por su abogado, Juan Macario Santamarina, la diputada acusa a la Fiscal de coacción y abuso de autoridad.
En la denuncia, la Diputada asegura que desde el 31 de enero, momento en que se conoció el caso, se llevaron adelante una serie de irregularidades con el objetivo de obstruir la aplicación de la ILE, contemplada en e3l Fallo FAL. Además, asegura que el caso nunca debió ser judicializado, ya que se encuadra en el marco legal, según lo establecido en el artículo 86 del código Procesal Penal.