La Justicia investiga el desvío de DNI a locales del FPV antes de las elecciones

Se acercaba el día de las elecciones provinciales del 23 de agosto y Juan L. supuso que había pasado un tiempo considerable y que la renovación de su DNI ya debía estar resuelta. Fue a buscarlo, sin sospechar que ese acto se iba a convertir en la punta del ovillo de un posible entramado de fraude electoral.

El nombre de Juan L. es ficticio. El protagonista de esta historia vive en la localidad de León Rougés y pidió reserva de su nombre, por temor a represalias. Su caso podría llevar a prisión a varias personas.

Cuando Juan L. llegó al Juzgado de Paz local, le dijeron que su DNI efectivamente había llegado desde el correo, pero que había sido derivado a una unidad básica del Frente para la Victoria y que debía retirarlo de ahí.

Efectivamente, Juan se llegó al lugar y se dio con que no sólo estaba allí su propio documento de identidad sino el de familiares y de otras personas. Sin embargo, no se lo quisieron dar.

Este relato consta en la investigación federal que se inició cuando Juan L. fue a denunciar el hecho ante la Justicia. Llegó el 10 de agosto y contó lo que estaba ocurriendo. La respuesta fue una citación a declarar tres días antes de las elecciones.

El día en que Juan debía presentarse en tribunales, la fiscalía de primera instancia fue subrogada por el fiscal federal Gustavo Gómez, que estuvo a cargo durante tres días. "Cuando tomé conocimiento de semejante denuncia, no podía creer que toda la respuesta de la Justicia había sido citarlo a declarar", recuerda Gómez en diálogo con Periódico Móvil.

Tras escucharlo, Gómez pidió al juez federal Daniel Bejas que de inmediato autorice un allanamiento a la unidad básica donde, según su denuncia, se encontraban retendios los DNI de varios ciudadanos. Pero Bejas se negó.

"Yo estaba subrogando esa fiscalía, la causa ya está en manos de otro fiscal", lamenta Gómez. Considera que, de probarse la denuncia presentada, el caso reviste suma gravedad, porque impidió a varios ciudadanos ejercer el derecho al voto y porque esos DNI podrían haberse utilizado para que otras personas concurran a los comicios con una falsa identidad.

El rumor no suena extraño en la localidad de León Rougés. Los vecinos no se ponen de acuerdo en un número pero los rumores hablan de al menos 400 DNI retenidos en unidades básicas. Sin embargo, hasta que la Justicia no ordene los allanamientos, no se podrá conocer la verdad. Ello, en caso de que los documentos de identidad continúen allí.

"Esto es muy pareceido a lo que pasaba a principios del siglo pasado, cuando se retenían las 'papeletas' de las personas que tenían que votar. Es un delito federal, no electoral. Además, tiene el agravante de que persigue el fin de impedir que un ciudadano pueda expresar su voto", analiza Gómez.

El fiscal aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para dilucidar la cuestión, pese a que la causa está en manos de otro fiscal y el juez se negó al allanamiento.

"Me llama la atención que desde la oposición no haya nadie presentándose como querellante en ninguna de estas causas. Hay una denuncia pública que involucra distintos hechos. Ningún partido de la oposición se presentó como querellante en ninguna causa penal, ni en lol federal ni en lo provincial", reclama Gómez y concluye: "la presentación dcomo querellante permitiría llegar con la denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Juan L., mientras tanto, continúa viviendo y trabajando en León Rougés, mientras alguien retiene su DNI en algún sitio que la Justicia no pudo -o no quiso- descubrir. No está acostumbrado a lidiar con cuestiones judiciales pero sospecha que el caso es grave. Por eso decidió viajar a la ciudad, creyendo que los funcionarios judiciales se sorprenderían ante su denuncia y la Justicia actuaría haciendo sentir el peso de la ley.

Nada de eso ocurrió. Apenas se le dio una cita para que vuelva a contar su historia y se lo mandó a la casa. Sin DNI y sin saber si alguien votó por él, espera el próximo paso de la Justicia.