Se negaron a seguir entregando parte de su sueldo al comisionado y se quedaron sin trabajo

"Señor gobernador: escuche a mi papá", rezaban las letras rojas del cartel que sostenía un nene de no más de ocho años la mañana del jueves en la puerta de la Casa de Gobierno. Antes del mediodía, el niño guardó el afiche ajado en el cochecito de su hermano y emprendió la vuelta a casa, donde lo esperaba un almuerzo que no sabe cuántas veces más se repetirá.

Son 18 los menores afectados por los despidos en la comuna de La Florida, hijos de ex empleados contratados que, aseguran, perdieron su trabajo por negarse a seguir entregando parte de su sueldo al jefe comunal.

"Desde hace cinco años por lo menos venimos dándole parte de lo que ganamos a Soria. Algunos, desde hace más. Nos cansamos, dijimos basta porque todos tenemos hijos y no nos alcanzaba para llegar a fin de mes. Ahora, nos quedamos sin nada", detalla en diálogo con Periódico Móvil Juan José López, ex empleado de la Comuna de La Florida que, asegura, perdió su puesto por este acto de "rebeldía".

López es maestro mayor de obras. "Durante los últimos años, como empleado de la Comuna, estuve afectado a la refacción de la casa del comisionado. Fueron muchas obras y mi sueldo siempre fue el de contratado del Estado. De los $ 8.000 que ganaba, Soria se quedaba con $ 2.500, más o menos", reclamó. Agregó que dos de sus compañeros debían ceder la mitad de su sueldo y otro, unos $ 2.000 mensuales. "Del aguinaldo debíamos entregar la mitad", remarcó.

El hombre, padre de dos hijos, indicó que la modalidad era la siguiente: cuando él cobraba, pasaba por su casa un empleado de Soria a retirar el tributo. "Algunas veces se lo entregué a él en persona", aseguró.

López contó que son cuatro las familias afectadas por la misma situación. Según su relato, se reunieron antes de las elecciones y decidieron no seguir tributando parte de su salario como venían haciendo en los últimos años. "Soria nos dijo entonces que nos 'atengamos a las consecuencias'. Y cumplió, quedamos todos en la calle", remarcó el ahora ex trabajador.

"Marcelo Fernández tiene siete hijos, uno con discapacidad. Leopoldo Frías tiene cinco y Saúl Santana, cuatro. Todos estamos sin trabajo", denunció López.

Las cesantías ocurrieron tras las elecciones que el 23 de agosto dieron continuidad a la gestión del comisionado comunal, Arturo Soria, a través de la candidata del Frente para la Victoria, Irma Inés Gramajo. Fue una de las localidades en las que los comicios se desarrollaron en un clima de violencia que derivó en un furioso tiroteo en una escuela.

Relató que, apenas pasadas las elecciones, hicieron saber al ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, lo que había ocurrido. "Él se indignó y nos dijo que de inmediato iba a solucionar el tema. Pero pasó el tiempo y no hubo más novedades. Desde entonces, no pudimos volver a dar con él", aseguró López.

Por eso, las cuatro familias afectadas por los despidos resolvieron encadenarse en la puerta de la Casa de Gobierno el jueves. Llegaron con sus hijos y pancartas que pedían ser recibidos por el gobernador José Alperovich, pero no tuvieron éxito. Les pidieron que depusieran la actitud a cambio de ser recibidos por autoridades y lo hicieron pensando que hablarían con Jaldo, pero fueron atendidos por un empleado de rango menor que les prometió, en nombre del vicegobernador electo, que serían reubicados en otras comunas.

Jaldo, en su última visita a La Florida

Pese a la promesa -que ya había sido formulada sin cumplirse- los trabajadores cuyos contratos no fueron renovados anticiparon que presentarán el caso ante la Justicia, para exigir además que se sancione a Soria y recuperar el dinero que, aseguran, le entregaron durante años al comisionado.