Ocho años de prisión para el tucumano que realizó 16 amenazas de bomba a nombre de su exsuegro
Gabriel Ernesto Valdez se declaró culpable de intimidación pública, a fin de acceder a un acuerdo judicial. Fue descubierto tras una ardua investigación en la que se descubrió que todo fue una maniobra para perjudicar a su expareja.
Ayer martes se confirmó la condena de ocho años de prisión para Gabriel Ernesto Valdez, que se declaró culpable de intimidación pública luego de haber realizado 16 amenazas de bomba a escuelas e instituciones públicas.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hombre, durante una audiencia online, tuvo que reconocer su responsabilidad en los hechos para acceder al convenio. Luego de escuchar a las partes, el juez interviniente resolvió aceptar el acuerdo.
El caso, que fue investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, comenzó el año pasado, más precisamente entre los meses de septiembre y octubre, en un marco de semanas de incertidumbre y temor por los llamados amenazantes que ocurrían en diferentes establecimientos educativos.
Según detallaron los investigadores, Valdez, motivado por conflictos familiares que derivaron en más de una treintena de denuncias penales cruzadas con su ex pareja, fue que con el claro propósito de perjudicarla y de entorpecer la investigación de los hechos, adquirió numerosas líneas telefónicas prepagas registrándolas a titularidad del padre de la joven; y actuando algunas veces en forma anónima y otras con el nombre supuesto del padre de su ex, realizó llamadas al Servicio de Emergencias 911 de la Policía, informando la existencia de artefactos explosivos en entidades privadas y públicas, con claras intenciones de causar temor público, valiéndose de diferentes líneas.
Rivadeneira explicó que al comienzo de la indagación les llamó la atención el modus operandi. Primero porque las amenazas ya no eran a edificios escolares, sino que involucraban a organismos públicos como la Legislatura, Casa de Gobierno, entre otros.
Esto los llevó a pensar que se trataba de una sola persona. “Iniciamos una investigación en la que ya era todo muy complejo, porque no se trataba de un solo hecho, sino de varios, en las manos de un solo autor”, detalló Rivadeneira.
Otro aspecto clave que tuvieron en cuenta fue que el intimidador daba a conocer su identidad. “Eso es muy raro en las amenazas, ya que son anónimas. Daba un nombre y un apellido, con lo cual la lógica nos lleva a nosotros a sospechar que no se trataría del mismo individuo, sino que quería perjudicar a otro”.
Luego, la fiscalía empleó la tecnología para obtener pruebas, como la geolocalización y registros telefónicos. Además, identificó conexiones con conflictos previos. Es así como llegaron a Valdez, el detenido en la causa, quien mantenía una denuncia previa con la persona a la que quería involucrar.
Según la acusación de la fiscalía, el imputado habría estado detrás de las amenazas que se realizaron entre el 15 y el 29 de diciembre:
- El 15 de septiembre amenazó a una concesionaria de autos ubicada en avenida Benjamín Aráoz al 1.200.
- El 22 de septiembre a un edificio localizado en la calle 9 de Julio al 400, a la escuela Obispo Molina y a un supermercado de la Benjamín Aráoz al 1.100.
- El 26 de septiembre realizó una amenaza en el edificio de Tribunales Penales de avenida Sarmiento y otra en una estación de servicio ubicada en Benjamín Aráoz y Coronel Suárez.
- El 28 de septiembre presentó una falsa denuncia por una amenaza colocada en la Casa de Gobierno y otra en el Palacio de los Deportes de la Municipalidad mientras se desarrollaba el acto de reinauguración.
- El 29 efectuó la última amedrentación en la Legislatura.
Fuente: eltucumano.com