El Gobierno se presentó como querellante en la causa por robo de agua en Yerba Buena

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que el Gobierno de la Provincia se presentó como querellante en la investigación sobre el robo de agua en Yerba Buena. La Fiscalía de Estado realizó la presentación ante la fiscalía de instrucción, en la que el Estado se posiciona, a la vez, como víctima de estos delitos y como defensor del interés público.

El robo y desvío de cursos de agua no solo representan un ataque directo a los bienes del Estado, sino que también vulneran el derecho de la población a acceder a un recurso esencial para su vida y desarrollo. Estos actos ilegales afectan la integridad de los ecosistemas locales, comprometen la calidad de vida de las comunidades y obstaculizan la capacidad del Estado para garantizar un entorno saludable y sostenible, señala el documento firmado por Leonardo Debono, director judicial de la Fiscalía de Estado.

En su presentación, el Gobierno sostiene que el agua potable es un bien vital, y que garantizar un ambiente sano y proteger las fuentes de agua es fundamental para asegurar la calidad de vida y el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. “Un ambiente saludable es un derecho humano de tercera generación que está estrechamente vinculado al cumplimiento de otros derechos humanos, como el acceso al agua potable”, agrega el escrito.

La fiscal María del Carmen Reuter formalizó la acusación contra el productor Juan Zamora, quien supuestamente utilizó mano de obra especializada para apropiarse del agua del río Las Cañas, destinada a abastecer una cisterna en Lomas de Imbaud y llevarla a una laguna en su propiedad. Desde la Casa de Gobierno se enfatiza el compromiso de llegar al fondo del asunto y profundizar la investigación judicial si es necesario. “El Estado provincial está decidido a actuar en defensa de los derechos de la ciudadanía y en protección del medio ambiente, tomando las medidas necesarias para restablecer el orden y prevenir futuros daños.

En este sentido, nuestra presentación responde a la necesidad de identificar y sancionar a los responsables de estos graves delitos, sean particulares o funcionarios públicos de cualquier nivel, ya que consideramos crucial llevar a cabo investigaciones penales exhaustivas para proteger el interés general y fomentar un uso sostenible de los recursos hídricos en nuestra jurisdicción”, detalla el escrito judicial.

Además de los delitos de desvío y robo de agua, la presentación menciona delitos contra la seguridad del servicio público, estrago público, violación de la Ley General del Ambiente y responsabilidad por daño ambiental.

También se solicita identificar y citar a declarar a las personas involucradas en los actos delictivos, tomar las medidas necesarias para restaurar el curso de agua y proteger los derechos de los ciudadanos afectados, así como considerar la afectación ambiental y evaluar la posibilidad de reparar el daño causado.

Por su parte la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls sobre este tema, aseveró “El gobernador, Osvaldo Jaldo, decidió que la Provincia también sea parte activa como querellante en la causa, porque la gravedad de la inconducta amerita que se tomen cartas en el asunto”,  tras anunciar la presentación ante la fiscalía de instrucción por parte de la Fiscalía de Estado en la que el Estado exige la investigación, la condena y eventualmente el resarcimiento por el robo de agua en Yerba Buena.
Pedicone de Valls indicó, además, que la conducta “fue un salvajismo, porque pensar en una conexión ex profeso
para atender un comercio de una explotación rural y que la persona no haya dimensionado que iba a dejar sin agua a toda una población es una situación de mucha gravedad”.