Denuncian a 41 médicos de tres hospitales públicos por la muerte de un adolescente

Gabriel tenía 16 años recién cumplidos. Era fines de julio de 2012 cuando comenzó con dolores de espalda y fiebre, su pediatra descubre que tenía líquido en la membrana que rodea a los pulmones. Lo llevan a un especialista en enfermedades pulmonares del hospital Nicolás Avellaneda, pero no encuentra el origen de los síntomas, y lo medica por una neumonía atípica. Así -denuncian sus padres- empezó la peor de sus pesadillas que se convirtió para ellos en un “plan macabro para dejarlo morir”.

Pasaron casi cuatro años del último adiós de Gabriel y su madre no tiene consuelo. “Mi hijo era un chico sano, bueno, decente, amado y cuidado por nosotros. Era generoso con todos, para él no había personas malas, era protector con sus seres queridos. Recuerdo que una vez lo asaltaron y no nos dijo nada para no preocuparnos. Siempre fuimos unidos para todo. Entonces, por qué nos pasa esto a personas buenas, es porque estamos a la deriva de los médicos, todos caemos en sus manos cuando nos enfermamos y ellos hacen lo que quieren con nuestra salud”, dice Myriam Elizabeth Ruiz, decidida a seguir adelante con la causa para que la Justicia tucumana investigue la responsabilidad que tuvieron unos 41 médicos que intervinieron en la salud de su hijo en los tres hospitales públicos más importantes de Tucumán: Avellaneda, Centro de Salud y Padilla.

Gabriel empeoraba –relatan sus padres en la denuncia formal- y el especialista del Avellaneda decide derivarlo a la Unidad de Cuidados Críticos del hospital Centro de Salud. A partír de ahí, según consta en el expediente judicial, se sucede una serie de diagnósticos y tratamientos cruzados que confirmaban y descartaban una tuberculosis.

“El 29 de agosto de 2012 nos comunican que se suspendía el tratamiento por tuberculosis, pero hasta ese momento no sabíamos que lo habían comenzado. Al ver esta mala actitud de ocultarnos información, sumado a que en la sala donde estaba Gabriel había muchos pacientes con gripe A, decidimos retirar a nuestro hijo de ese hospital. En ese punto comenzaron a cometerse los actos más graves hasta ahora, de impericia, desidia y negligencia”, afirman Carlos Salomón y Myriam Ruiz, padres de Gabriel y querellantes en la causa que está en manos del fiscal penal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila.

En esta instancia, advierten otro hecho grave: el caso de tuberculosis de su hijo no había sido denunciado ante el Ministerio de Salud de la Nación. “Aseguramos que no se denunció el tratamiento para tuberculosis porque cuando nos retiramos del hospital, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), no buscó a nuestro hijo para reiniciar el tratamiento ni indagó a los contactos cercanos a él para controlarlos por un posible contagio, obviamente no tenían ningún registro de él”, sostuvieron. “Toda enfermedad (infecto-contagiosa) como la tuberculosis aunque sea solo sospecha, tiene que ser denunciada obligatoriamente ante los organismos correspondientes del Ministerio de Salud de la Nación para su registro estadístico. A nuestro hijo lo medicaron en forma clandestina, porque no hay posibilidad de conseguir la medicación para tuberculosis si no se hace formal denuncia de dicha enfermedad”, aseguró la madre en la denuncia.

Cuatro días después vuelve al hospital Avellaneda y según los médicos de Neumonología Gabriel no tenía tuberculosis. “Nos dijeron que nos quedáramos tranquilos porque si tuviera esa enfermedad nos seguirían hasta la China para medicarlo”, advirtieron los padres. Luego pasaron dos meses de tratamiento ambulatorio cada quince días en el Centro de Salud.

Pero un día, el 13 de noviembre, la salud de Gabriel volvió a empeorar. Le diagnostican meningitis tuberculosa. “Ahí se dan cuenta del error que cometieron al no haber reiniciado el tratamiento por tuberculosis”, alertan sus padres y concluyen: “acá se acaban los actos de desidia, impericia y negligencia, y comienzan los actos criminales para encubrir todos los errores cometidos por ambos hospitales, hasta ese momento”. “Aquí es donde firman la sentencia de muerte a nuestro hijo porque los doctores tenían dos opciones: tratarlo por su meningitis tuberculosa que, al no haber sido evitada a tiempo porque se suspendió el tratamiento por tuberculosis, se transformó en una enfermedad casi terminal, o dejarlo morir. ¿Cómo? Ignorando todo lo que habían hecho hasta ese momento en ambos hospitales para diagnosticarlo y tratándolo como un nuevo paciente. Eso es lo que hicieron. Para ello necesitaban la complicidad de los doctores que intervinieron previamente en este caso y la discreción de los que no intervinieron, pero estaban al tanto de los hechos”.

Según la ampliación de la denuncia, el “plan” de los médicos era derivarlo nuevamente a la Unidad de Cuidados Críticos del Centro de Salud “para que no saliera con vida con un diagnóstico de muerte por Linfoma”. Por ello, en el escrito, la defensora penal de la VIII Nominación, María Marta Contreras Cuenca, en representación de la querella, pide al fiscal investigar a los profesionales médicos por los delitos de abandono de persona y homicidio culposo.

“En los últimos 9 días de Gabriel no le hicieron ningún estudio ni vino a verlo ningún especialista, para no dejar su firma en la historia clínica y así evitar ser parte de un acto criminal de tanta perversidad. En ese estado de abandono, cuando se descompensa lo derivan al hospital Padilla, donde le diagnostican hidrocefalia y entra en coma”, termina el relato de Myriam en la extensa denuncia que presentó esperando Justicia por Gabriel.

“El caso es complicado, los médicos involucrados son conocidos, tienen su reputación en la sociedad, y cuando se pierden expedientes es más difícil probar la verdad. Pero tengo todas las historias clínicas, firmadas y selladas por los médicos, para probar todo lo que denunciamos”, asegura la madre, quien dice que no dejará de luchar para que se sepa la verdad de lo que le pasó a Gabriel, víctima del abandono y ocultamiento por parte de quienes son responsables de brindar salud y salvar la vida de toda una sociedad.

Por su parte, Carlos Salomón adelantó a periodicomóvil.com que esta semana se constituirá como querellante en la causa que inició en la Justicia Federal contra el Ministerio de la Salud de la Nación, que en ese entonces estaba a cargo del actual gobernador de Tucumán Juan Manzur, por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.

“En tres hospitales se escondía la información de que mi hijo tenía tuberculosis. Eso era una bajada de línea del Ministerio de Salud para no mostrar la cantidad de enfermos de tuberculosis porque eso iba a demostrar que había una pobreza terrible. Necesitaban el relato de la década ganada: no hay pobreza, entonces no hay enfermedades del siglo XVIII”, denunció Carlos, aún cruzado por el profundo dolor que le causó la muerte de su hijo Gabriel.

La nómina de los profesionales que fueron denunciados por la familia Salomón figura en la denuncia inicial y en la aimpliación de la misma. Estos son los documentos.