Tucumán Por: Mariela Alderete19/07/2016

Caso Belén: pidieron a la Corte que revierta la condena de la joven tucumana

Diez organizaciones comprometidas con los derechos humanos se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que debe resolver la apelación presentada por la abogada de Belén, Soledad Deza.

Foto de Andrés Figueroa

“Belén llegó a un hospital público de Tucumán para que la atendieran por un dolor de panza. No sabía que estaba sufriendo un aborto, que fue anotado en su historia clínica como “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”. Su recorrido desde que llegó al hospital muestra las violaciones de derechos que sufrió por parte del Estado, que incumplió una a una sus obligaciones de respeto, protección y garantía de sus derechos humanos. Belén salió del hospital hacia una cárcel. Hace más de dos años que está presa, con prisión preventiva. A fines de abril fue condenada a ocho años por “homicidio agravado por el vínculo”. El fallo de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán basa parte de sus argumentos en que la defensora oficial de Belén no cuestionó los hechos que se le imputaron, antes que en la existencia de pruebas”

Con estos fundamentos, Andhes, junto a otras nueve organizaciones comprometidas con los derechos humanos, se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que debe resolver la apelación presentada por la abogada de Belén, Soledad Deza, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir.

Los amicus dan argumentos legales para que se revierta la condena de Belén y se garantice su libertad incondicional e inmediata.

Las organizaciones son: Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Amnistía Internacional (AI), elCentro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Innocence Project Argentina (IP Argentina) y la diputada nacional Soledad Sosa (Bloque Frente de Izquierda, Partido Obrero, en representación de referentes políticos, sindicales y de los derechos humanos).

El Estado, a través de los servicios médicos y los operadores judiciales, sometió a la joven a malos tratos y humillación. De esa forma incumplió su deber de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En particular, los médicos la sometieron a violencia obstétrica, no guardaron el secreto médico ni la confidencialidad médico-paciente. La justicia primero le dictó prisión preventiva y luego la condenó en un proceso irregular, sin respetar el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio.

Eco internacional

Desde Andhes se recordó que el 15 de julio pasado el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus Observaciones finales sobre la Argentina indicó que el Estado “debe revisar el ‘caso de Belén’, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto”.

“Las circunstancias que rodean el caso de Belén constituyen un eslabón más en la violencia de género de cuño institucional. La política penal del Estado argentino mantiene una matriz discriminatoria que condiciona el acceso a los derechos humanos de las mujeres jóvenes y pobres. En la Argentina el aborto inseguro es un grave problema de salud pública, que implica riesgos para la salud y la vida. En los últimos treinta años, las complicaciones derivadas de abortos inseguros son la primera causa de mortalidad materna. En base a esas desigualdades, insistimos en la necesidad de aborto legal, seguro y gratuito”, concluyeron desde la organización en defensa de derechos humanos.

La polémica nacional e internacional se generó cuando el 19 de abril pasado el Tribunal de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, integrado por los jueces Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas, condenó por unanimidad a la joven de 28 años de edad a ocho años de prisión como autora del delito de homicidio agravado por el vínculo al sostener que asesinó a su bebé nacido con vida en un baño del hospital Avellaneda, mientras que su abogada defensora sostiene que se trató de un aborto espontáneo.