En Tucumán y Santiago del Estero se destapan fraudes millonarios al Pami
En la vecina provincia se desbarató una banda y en Tucumán se investigan los casos de 151 recetas con los nombres de 45 jubilados fallecidos y que involucran a 54 médicos y 25 farmacias. Similar modus operandi.
Las provincias del norte argentino, como Tucumán y Santiago del Estero, parecieran concentrar los casos de corrupción del Pami con mayor impacto en las arcas del Estado, según los primeros números que fueron revelados por la Justicia Federal.
De hecho, hace unos días, el fiscal federal de la UFI Pami (Unidad Fiscal de Investigaciones), Javier Arzubi Calvo, ratificó el fraude a la obra social de los jubilados en Santiago del Estero y anticipó en declaraciones a infobae.com que en los próximos días habrá denuncias similares en otras provincias del norte argentino.
El modus operandi es similar en ambas provincias. Recetas a nombre de jubilados fallecidos, farmacias que facturaban hasta un millón de pesos mensuales por medicamentos para diabéticos y sellos médicos falsificados son apenas algunas de las irregularidades que detectó la Justicia Federal hasta el momento.
En la causa puntual de Tucumán, la Justicia Federal investiga los casos de 151 recetas que llevan los nombres de unos 45 jubilados fallecidos (en su mayoría tucumanos) y que involucran a 54 médicos y 25 farmacias que operan en la provincia. Estos números surgen de las investigaciones preliminares que realizó el fiscal General Federal de Tucumán, Antonio Gómez, y que fueron remitidas el 3 de mayo pasado al fiscal federal Nª1, Carlos Brito, para que investigue una presunta defraudación al Estado Nacional a través de la venta de medicamentos, específicamente tiras reactivas para la diabetes, a afiliados del Pami que están registrados en la Anses como fallecidos.
En su escrito, al que accedió en forma exclusiva periódicomóvil.com, Gómez detalló uno por uno los nombres de los 45 afiliados fallecidos y “beneficiados” con esas tiras reactivas, y la lista de todas las farmacias que vendieron esos insumos. “Dichas prescripciones habrían sido emitidas por 54 médicos distintos y se instrumentaron en recetas habilitadas”, precisó el fiscal General Federal y advirtió que la maniobra bajo sospecha abarca el período comprendido entre septiembre de 2010 y noviembre de 2015 en el ámbito provincial.
En su investigación, el fiscal Gómez se preguntó cómo circularon los recetarios para concretar las maniobras ilícitas. Una de las hipótesis es que fueron entregados por agentes del Pami o sustraídos de la oficina respectiva, a fin de “sortear el mecanismo de control de distribución de los talonarios que los contenían”.
“Si se comprueba –a lo largo de la investigación- que los recetarios fueran entregados al mismo profesional que figura como prescriptor en los instrumentos cuestionados, podría inferirse la eventual participación del galeno en el quehacer ilícito”, lanzó.
Ante estos hechos, el Fiscal Gómez estimó que se trataría de un presunto fraude en perjuicio del Estado Nacional, delito que figura en el artículo 174 del Código Penal y tiene una pena de dos a seis años de prisión.
En Santiago del Estero se desbarató una banda que operaba para estafar a la obra social de los abuelos. La luz de alarma se encendió en marzo, luego de que una farmacéutica sospechara de la frecuencia con que Teresa Acosta y Edgardo Alegre, dos de sus clientes más habituales, iban a su comercio a retirar insulina y tiras reactivas para medir el nivel de glucosa con recetas del Pami que les cubrían el 100% del tratamiento.
Un tiempo después, la UFI Pami empezó su propia investigación para indagar en las cifras insólitas que se pagaban en Santiago del Estero: entre julio de 2015 y febrero de este año, las farmacias de esa provincia le facturaron al Pami $154 millones sólo en insulina y tiras reactivas, pero en la provincia hay sólo 2.000 enfermos de diabetes. Si las cifras fuesen reales, implicaría que el Estado pagó $9.625 por mes para la medicación de cada uno de ellos. Hoy, las tiras reactivas tienen un valor de $680 en el mercado.
En sus declaraciones, el fiscal federal de la UFI contó a modo de ejemplo que "una farmacia en 2013 facturó por reactivos e insulina $ 800.000 y luego en 2014 facturó $ 10 millones y en 2015 $ 11 millones. En febrero de 2016 facturó $ 1 millón mensual y luego de conocida la denuncia y producidas las primeras detenciones la facturación cayó a $ 40.000 mensuales".
Por este hecho son investigadas 16 personas y ya hay al menos dos detenidos. Este fin de semana pasado, el presunto jefe de la organización fue capturado en un country de Córdoba. A él se le suma una empleada de Pami de la ciudad de Loreto, en esa misma provincia, que había retirado 6.000 formularios de la entidad.
Los procedimientos incluyeron también un allanamiento a la casa del matrimonio que dio pie a la denuncia. "Hicimos un procedimiento con Gendarmería Nacional, donde descubrimos que falsificaban las recetas y tenían en su casa medicamentos, planchas de troqueles truchos, sellos de profesionales médicos y carnet de afiliados del PAMI", detalló el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, en diálogo con radio Belgrano"
En el Pami sospechan que la banda desbaratada no es la única que opera con la misma modalidad. "Tenemos indicios de que esta lógica se da en otros puntos del país" -confirmó el titular del Pami, Carlos Regazzoni. "Estas redes de corrupción son las que están llevando al Pami al colapso", concluyó.