Tucumán Por: Mariela Alderete13/11/2017

El exjuez Felipe Terán será juzgado por un incremento injustificado en su patrimonio

El ex magistrado está acusado del delito de enriquecimiento ilícito entre 1999 y 2005, cuando ejercía como juez federal N°2 de Tucumán. El juicio comenzará este miércoles 15 de noviembre

El exjuez ya fue condenado en octubre de 2014 por el delito de falsificación de documentos. Foto del diario La Gaceta

El ex juez federal Felipe Federico Terán volverá al banquillo de los acusados este miércoles imputado por el delito de enriquecimiento ilícito.

El ex magistrado se encuentra acusado de haber registrado un incremento patrimonial injustificado entre 1999 y 2005, período durante el cual se encontraba al frente del Juzgado Federal N°2 de Tucumán. La pena que prevé el Código Penal en este caso es de dos a seis años de prisión y una multa de entre el 50 y el 100% del monto del incremento patrimonial injustificado.

En la etapa de instrucción  intervino el fiscal federal Carlos Brito, y ya en la etapa de juicio, el fiscal federal Pablo Camuña. El ex juez federal será juzgado por  el  Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por los jueces Gabriel Casas, Alicia Noli y Juan Reynaga

En la preparación del juicio el representante del MPF contó con el aporte técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.  La dependencia a cargo de Judith König realizó un análisis contable sobre la situación patrimonial del imputado, además de actuar como perito de parte del MPF ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los análisis contables realizados en el expediente señalan que en 1999 el patrimonio de Terán estaba compuesto por 101. 297 pesos en concepto de ingresos, $193.552 como la suma de bienes -dos departamentos, una casa, dos automotores y dos créditos del Banco Hipotecario-. Seis años más tarde, la cantidad de inmuebles ascendía a seis, y poseía entre sus bienes dos autos de alta gama y un patrimonio neto de 1.384.930 pesos.

Un incremento patrimonial que nunca justificó

Se advierte que de la sumatoria de sus recursos anuales disponibles por el período 1999 a 2005, ascienden a $ 444.881,83, mientras que el incremento patrimonial determinado es de $1.319.642,29, es decir que Felipe Federico Terán cuando se desempeñaba como Juez Federal obtuvo un incremento patrimonial apreciable, consistente en la suma de $874.760,46, no justificado al ser debidamente requerido en la audiencia instrumentada en fecha 04/05/2010”, consigna el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Brito.

El 22 de marzo de 2010, la justicia citó a Terán para que, en una audiencia pautada para el 5 de mayo de ese mismo año, justificara la discordancia existente entre sus recursos anuales y su incremento patrimonial. El propio ex magistrado recibió la notificación en su domicilio, pero en el día de la audiencia presentó un pedido que fue rechazado y no se presentó a la justicia. En una posterior declaración indagatoria, Terán sólo agregó que “no estando dadas las garantías necesarias para la declaración y negando a la vez todos los hechos que se me imputan y no estando los elementos total y absolutamente discriminatorios para efectuar una declaración acorde, me abstengo de continuar declarando”.

Por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, se dispuso confirmar el procesamiento de Felipe Terán por resultar presunto autor responsable del delito de enriquecimiento ilícito con posterioridad a la asunción de su cargo como funcionario público.

En julio de 2010, un jury de enjuiciamiento destituyó al magistrado por mal desempeño de sus funciones, al considerar acreditadas las acusaciones en su contra relacionadas al pago indebido de títulos en default a través del dictado de medidas cautelares (en las causas por el llamado "corralito").

En octubre de 2014, el TOCF de Tucumán condenó a Terán –y a dos abogados- a tres años de prisión por el delito de falsificación de documentos, en el marco de una causa por maniobras con títulos públicos mediante las que se habrían buscado defraudar al Estado por decenas de millones de dólares. (fiscales.gob.ar)