El lunes será la sentencia en el juicio al “Clan Ale”

Después de un año de debate oral y público contra el conocido “Clan Ale”,  el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictará la sentencia el lunes 18 de diciembre al finalizar el  juicio -sin precedentes en la historia judicial de la provincia- contra 16 personas imputadas por lavado de activos, asociación ilícita y narcotráfico.

El Tribunal, integrado por Alicia Noli, Gabriel Casas y Carlos JImènez Montilla, dará a conocer su veredicto  a las 16 del próximo lunes.  En tanto, desde el banquillo de acusados, se espera que unos minutos antes,  los hermanos Rubén “La Chancha” y Angel “·El Mono” Ale, al igual que el resto de los 14 imputados, hagan uso del derecho a decir  sus últimas palabras frente al Tribunal.

Las penas solicitadas

Durante la etapa de alegatos,  el fiscal general subrogante ante el TOF, Pablo Camuña, y el fiscal ad-hoc Agustín Chit, en representación del Ministerio Público Fiscal,  solicitaron condenas de hasta 13 años de prisión para los integrantes del  Clan Ale  por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen ilícito y comercio de estupefacientes.

Los representantes del MPF requirieron las penas más altas para Rubén y Angel Ale, a quienes encontraron como jefes de la asociación ilícita; respecto de María Jesús Rivero, Víctor Alberto Suárez, Fabián González, Roberto Oscar Dilascio y Ernesto Santos Catulo, los hallaron como miembros de la asociación y pidieron que se le impongan penas de entre 4 y 10 años de prisión.

Todos ellos fueron acusados también por el delito de lavado de activos. A su vez, Carlos Rolando Ocampos, César Marcelo Manca y Sergio Francisco Parrado fueron acusados sólo como miembros de la asociación ilícita: las penas requeridas para ellos fueron de 7, 6 y 3 años de prisión, respectivamente. La Fiscalía encontró acreditado que Enrique Lorenzo Chanampa fue también miembro de la asociación ilícita y responsable del comercio de estupefacientes: para él solicitaron 4 años y seis meses.

Otro grupo de imputados está compuesto por Valeria Fernanda Bestan, María Florencia Cuño y Julia Esther Picone. Respecto de las tres mujeres, los fiscales pidieron que se les impongan penas de tres años de prisión por lavado de activos. Finalmente, el petitorio alcanzó a José Augusto Lucero por el delito de comercio de estupefacientes -5 años de prisión fueron los requeridos-  y al policía Hernán Horacio Lazarte por incumplimiento de deberes de funcionario público -2 años de prisión-.

“Se probó la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década. De esas actividades obtuvo ingentes ganancias y activos, a punto tal que tuvo que generar una subestructura cuya función fue la de colocar esos bienes en la economía legal, es decir, el lavado de activos” había contextualizado Camuña al inicio del alegato, que se produjo tras casi un año de juicio y más de 40 audiencias, durante las que declararon cerca de 80 testigos.

En tanto, los representantes de la UIF pidieron penas de 20 años de prisión para los hermanos Rubén y Angel Ale, y una multa de más de 100 millones de pesos para cada uno de ellos. En cuanto al resto de los 14 imputados, la solicitud de penas varió entre los 5 y los 18 años de prisión.

En el alegato de las defensas, estas solicitaron las absoluciones de sus clientes.

Poderío económico

El alegato del Ministerio Público Fiscal contó con el aporte del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, , quien describió la dinámica del “clan” liderado por los hermanos Ale. En ese sentido, señaló que el poderío económico de la organización criminal le otorgó “la posibilidad de crecimiento en infraestructura y la permanencia en el tiempo”.

En ese sentido, detalló las “actividades delictivas de singular gravedad”, como narcotráfico y trata de personas, que fueron las “fuentes generadoras de ganancias para la organización criminal, las que se utilizaron no sólo para acrecentar el patrimonio de sus miembros, sino también para lograr el sustento y robustecimiento de las actividades comerciales desempeñadas, como es -en el caso de Adolfo Ale- la agricultura, la actividad vinculada con la industria azucarera, la flota de remises de la empresa Cinco Estrellas, la instalación de locales de juego y azar, la adquisición de campos para alquiler y/o siembra, así como la adquisición de diversos bienes -en cabeza propia y de terceros-, que administró en el tiempo, mientras duró su tenencia”.

Durante la investigación, por ejemplo, se secuestraron documentos -cheques y pagarés- por más de 1,4 millón de pesos y dinero en efectivo.

En esa línea, el fiscal general subrogante Camuña remarcó que fue “decisiva” la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) en el análisis financiero y patrimonial de los integrantes del grupo, y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en la sistematización de la información secuestrada a la organización.

"Tal poderío e impunidad, por otra parte, no hubiese podido ser consolidado sin protección estatal, de los tres poderes del Estado, tal como ha quedado evidenciado, con toda certeza, en el presente juicio. Hay todo un país esperanzado en que, al menos la impunidad judicial de la que siempre este grupo ha gozado, se termine tras este juicio, con la debida y merecida sentencia condenatoria", enfatizó Pérez Barberá, según reprodujo el sitio oficial fiscales.gob.ar.

Decomisos y revocación de excarcelaciones

Camuña y Chit, asimismo, le pidieron al Tribunal Oral que revoque las excarcelaciones concedidas a los imputados en los casos que corresponda. (el planteo fue concedido este viernes por la Cámara Federal de Casación, ver nota aparte)

Por otra parte, solicitaron el decomiso de todos los bienes “producto de los hechos ilícitos comprobados en el juicio”, que detallaron en un anexo, para que sean parcialmente afectados a “las estructuras estatales provinciales y federales de lucha contra el lavado de activos, la criminalidad económica y el crimen organizado”. La solicitud incluye el decomiso del casi centenar de armas secuestradas, además de 5.500 proyectiles.

Asimismo, los fiscales requirieron, ente otras cuestiones, la suspensión total de actividades de las empresas Point Limits SRL y 5 Estrellas SRL por un período de 4 años, como así también la personería de la empresa Transportes Leonel SRL. Finalmente, solicitaron la extracción de testimonios para profundizar la investigación sobre otros delitos que no fueron objeto del juicio y la posible participación de otras 17 personas.