Crítica situación en Tucumán por falta tecnología para la búsqueda de personas

El primer escollo que encuentra una familia con un miembro desaparecido suele ser, paradójicamente, la comisaría local. Allí, es común que a la familia se le informe sobre una falsa disposición: “es necesario esperar 24 o 48 horas para radicar la denuncia”.

Poco importa, en muchos casos, que el denunciante explique 

que ya esperó lo suficiente, llamó a los allegados del

desaparecido, que la persona se fue sin

Este fue el caso de Milagros Avellaneda y su bebé Benicio, desaparecidos el 28 de octubre de 2016. La madre de la joven, Amalia Ojeda, explicó en la comisaría 11 que su hija incluso no había llevado pañales ni mamadera para el niño, pero siguió recibiendo un no como respuesta. Desesperada, fue a pedir explicaciones a Roberto Rejas, el padre del pequeño, la última persona que los vio con vida. El primer allanamiento a la casa del sospechoso se produjo varios días más tarde: él ya había tenido tiempo de lavar su auto con ácidos (se encontraron manchas de sangre pero no ADN), de googlear “cómo descomponer un cadáver” y de sacar las armas y las computadoras de su casa.

Perros y tecnología

Aun cuando la respuesta policial es rápida, la falta de tecnología puede retrasar y volver prácticamente inútil la búsqueda. En el caso de Daiana Garnica, los allanamientos fueron inmediatos porque -aunque la Policía también demoró la radicación de la denuncia- el fiscal Claudio Bonari actuó de inmediato, obteniendo pruebas valiosas. Sin embargo, fue necesario esperar la llegada de perros rastreadores de otras provincias (Tucumán no tenía) y se trabajó sin detector de metales. Por eso, las llaves de la víctima fueron encontradas de casualidad varios días más tarde en un monte.

Los perros entrenados en la búsqueda de personas (vivas o muertas) también tardaron en llegar para la búsqueda de Franco Núñez, arrastrado por el canal Sur la noche del 8 de diciembre de 2014. También hubo problemas de combustible para las máquinas y poco personal. Pero lo más llamativo en esta causa fue el empecinamiento de la búsqueda de Franco muerto, pese a los testimonios de personas que dicen haberlo visto vivo.

El fiscal de la causa jamás recibió a Octavio Núñez,

su hermano, que recorre desde entonces

a pulmón todo Tucumán.

Suponer que la persona desaparecida está muerta y emprender la búsqueda del cuerpo no ofrece mejores perspectivas. Tucumán no tiene georradar, un instrumento que detecta anomalías en el suelo y que puede hallar indicios de restos humanos sepultados. Tampoco hay en la provincia sondas de búsqueda sub acuática para rastrear un cadáver bajo el agua.

El infierno potenciado

Todas estas causas tienen otros elementos en común. Los operativos fueron suspendidos de noche por falta de cámaras de visión nocturna. Las pesquisas por tierra fueron realizadas, en gran parte, por familiares, vecinos y hasta bomberos voluntarios, que se pasaron más tiempo en los montes que los efectivos policiales.

En todos estos casos –y otros de homicidio-

se reportaron cámaras de seguridad que no

funcionaban. Algunas, desde hace años.

La pesadilla de buscar en soledad a un familiar puede volverse aún más cruel cuando la Justicia y la Policía actúan con una desidia que roza la inhumanidad. Es lo que le ocurrió a la mamá de Pamela Laime, Mercedes Saldaño, que se enteró de la desaparición de su hija a las pocas horas de despedirse de ella, el Día de la Madre del año 2000. La comisaría no quiso recibirle la denuncia y la Fiscalía jamás le tomó muestras de ADN por si algún día hallaba un cuerpo. Mercedes buscó a su hija viva durante 14 años. En 2014, un policía retirado vio la foto de la joven desaparecida y recordó que una muchacha muy parecida había sido hallada asesinada de tres hachazos en la frente y enterrada como NN. Era Pamela. Tal fue la desidia que no se cotejaron sus huellas digitales y hasta se extravió el expediente con los años.

A veces, aunque no se busque correctamente a una persona desaparecida, el destino –o el asesino, o sus cómplices, o sus encubridores- pone su cuerpo en las narices mismas de los investigadores. El infierno, en algunos casos, se vuelve más brutal. Es lo que le ocurrió a la familia Lebbos, que tuvo que ver cómo la Policía contaminaba el lugar del hallazgo del cuerpo de Paulina y adulteraba las actas, cómo la Justicia paralizaba la investigación durante siete años y cómo el Gobierno iba ascendiendo a todas las personas sospechadas de encubrimiento.

 El último desaparecido

La familia de Rodrigo Álvarez, de Los Pocitos, espera tener mejor suerte que la de otros tucumanos cuyo destino es un misterio. El joven salió de su casa el 20 de febrero de este año y nunca más se supo de él. Su decena de hermanos, sus ya incontables sobrinos junto a hordas de vecinos hicieron, desde entonces, rastrillajes impensables, recorriendo kilómetros desde la mañana hasta la noche. Cuando se cumplieron dos meses de su desaparición, el fiscal Arnoldo Suasnábar –presionado por una marcha con corte de tránsito en la puerta de Tribunales -aceptó recibirlos y les prometió que haría todo lo posible por hallarlo. Rosa González Vega, su mamá, espera que el funcionario cumpla y que Rodrigo llegue a tiempo para ver el nacimiento de su segunda bebé.

El bien más preciado

Pero desaparecer en Tucumán puede significar una sentencia de muerte. Más aún cuando se es pobre y no se tienen los recursos para imprimir afiches, pagar avisos en los grandes medios masivos de comunicación y poner recompensas a quien aporte datos. Cuando se pierde el trabajo por pasillear en Tribunales o recorrer descampados, barrios peligrosos y hasta prostíbulos. Cuando el billete empieza a escasear para tomarse un colectivo hasta la Fiscalía.

La desaparición de una persona es uno de los escasos tipos de causas penales en las que la Justicia y la Policía están a tiempo de salvar una vida. Siempre que la vida, en nuestra provincia, sea un bien valioso y su preservación, el objetivo primordial del Estado.