Minoristas respaldan la medida pero hay resistencia de los sectores concentrados.
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunirá este lunes con productores de alimentos para terminar de evaluar las contrapropuestas presentadas por el sector privado y poner en marcha un acuerdo de precios estables de 1.247 productos de consumo masivo que estará vigente hasta el 7 de enero próximo.
"Hay intención de diálogo, hay intención de negociación y hay voluntad de que prospere un acuerdo. Lo que no se va a modificar es la decisión política de establecer una canasta amplia con precios retrotraídos al 1 de octubre y vigente hasta el 7 enero", dijo a Télam una fuente oficial.
En ese marco, la misma fuente añadió: "Se están acercando posiciones para que haya un acuerdo, pero la decisión del Gobierno es inamovible". Por lo que no se descarta la posibilidad de aplicar leyes vigentes para impedir nuevas subas y garantizar el normal abastecimiento de productos en caso de no llegar a un consenso, como anticipó el viernes Feletti.
"Evidentemente si no se llega a un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes, que yo trataba de impedir porque yo creo en los acuerdos sociales", indicó el secretario, quien detalló que las mayores resistencias se perciben en los productores más que en los comercializadores.
En la reunión participarán directivos de las empresas Diarco, Maxiconsumo, Vital, La Anónima, Coto, Día, Changomás y Carrefour, así como de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.
También serán de la partida autoridades de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), y de las firmas Swift, Alicorp, Ledesma, Sancor, Prodea, Ilolay, Danone, Cabrales, Coca Cola, Unilever y Fecovita, Saraco, entre otras.
A mediados de la semana pasada, Feletti anunció la puesta en marcha de un acuerdo con principales empresas de consumo masivo y cadenas de supermercados para mantener los precios estables de 1.247 productos de consumo masivo -que incluyen los del programa Precios Cuidados- durante 90 días, hasta el 7 de enero de 2022.
Tras la reunión, el funcionario indicó que la Secretaría de Comercio Interior tiene como objetivo ajustar "la política de ingresos del Gobierno con la política de precios. El indicador que vamos a usar para definir esta situación tiene que ver con la correlación del impacto de la canasta básica alimentaria en el salario de un trabajador formal".
¿Qué instrumento legal puede aplicar el gobierno en caso de no existir acuerdo?
En la actualidad el Estado nacional cuenta con una serie de herramientas que permiten su intervención en el mercado. Ellas son: la Ley de Lealtad comercial (22.802), Ley de Defensa de la Competencia (25.156), Ley de Abastecimiento (20.680), y Ley de Defensa del Consumidor (24.240).
Sancionada en 1974 por el gobierno de Juan Domingo Perón, la Ley de Abastecimiento fue aplicada en contadas ocasiones por los sucesivos gobiernos democráticos. Suspendida por decreto entre 1991 y 1999, recién desde 2007, Guillermo Moreno primero y Augusto Costa después, echaron mano de la misma, estando al frente de la Secretaría de Comercio Interior.
Entre sus principales puntos se destaca la posibilidad por parte del Estado de fijar precios máximos, márgenes de utilidad y volumen de producción, o la posibilidad de incautar y vender bienes sin pasar antes por un juicio de expropiación.
Según los fundamentos de la Ley de Abastecimiento “en el mercado de bienes existen dificultades relativas al comportamiento de los precios”, por lo cual “es esencial observar el grado de concentración económica, que promueve un abuso de posición dominante por parte de grupos económicos”.
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