Imagen ilustrativa.
Emanuel Luna (26) fue asesinado el pasado domingo por la mañana en la localidad de Lastenia. La víctima se encontraba en plena calle al frente de su casa, situada en Senador Araujo al 700, cuando desde una motocicleta le dispararon. Recibió un impacto de bala en la cabeza y perdió la vida cuando era trasladado de urgencia al Hospital del Este. Otro hombre, familiar suyo, resultó herido de bala en una de sus manos.
La Unidad Fiscal de Homicidios I, dirigida por Ignacio López Bustos, tomó intervención en el hecho. Esa misma mañana dos mujeres identificadas como María Soledad Gonzalez y Camila Estefania Robledo resultaron aprehendidas por ser señaladas como las ocupantes de la motocicleta desde la cual efectuaron los disparos contra el joven.
Por esta razón, el Ministerio Público Fiscal solicitó una audiencia multipropósito para formular cargos y pedir medidas de coerción. Del acto procesal participó, en representación del fiscal López Bustos, el auxiliar Guillermo Di Lella. El investigador las acusó formalmente como coautoras del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Luna; en concurso ideal con el delito de homicidio simple en grado de tentativa contra el otro masculino. Entre las evidencias colectadas durante la incipiente investigación, el representante del MPF mencionó diversos testimonios de personas que señalaron a las acusadas. Del relato proporcionado por los testigos se desprende que Luna habría participado de una gresca entre dos grupos en un local bailable de Lastenia. La Policía intervino y logró dispersar. Luego aparecieron las imputadas a bordo de una moto en la que arribaron, cerca de las 6:30 horas, a donde estaba la víctima (frente a su casa ubicada a pocas cuadras del local bailable). Allí la que manejaba el rodado sacó un arma de fuego y efectuó los disparos.
Otro punto abordado en la audiencia fue la prisión preventiva para ambas acusadas que fue solicitada por la fiscalía. En este punto el auxiliar Di Lella argumentó la necesidad de que las encartadas permanezcan privadas de la libertad para garantizar el avance de la investigación. El plazo requerido fue de seis meses. La medida fue avalada por la jueza interviniente aunque de forma parcial, otorgándola por el término de tres meses.
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