Amenaza de bomba. La madre de un alumno irá a prisión

A Valeria Jiménez le dictaron prisión preventiva por 60 días y además se le trabó un embargo por $3 millones de pesos tras ser imputada por intimidación pública. 
De acuerdo a lo publicado por el portal de noticias La Gaceta la mujer reconoció que la amenaza de bomba contra un establecimiento educativo se hizo desde el teléfono que está a su nombre y que usa su hijo, sin embargo se defendió diciendo que los autores fueron los amigos de su hijo. 

El 7 de agosto, una persona se comunicó con el servicio 911 para informar que en el Colegio Nacional había una bomba. Se activó el protocolo y al menos 1.200 estudiantes fueron evacuados a la plaza Urquiza hasta que personal especializado comprobó la falsedad de la alerta.
Las autoridades del establecimiento educativo realizaron la denuncia correspondiente. La fiscalía a cargo de Mariana Rivadeneira identificó a la titular de la línea como Valeria Jiménez. Luego, con la información brindada por el colegio, logró establecer que la acusada era madre de dos alumnos menores de edad. Con esa información, la representante del Ministerio Público la acusó de intimidación pública.

La acusada declaró que la línea está a su nombre pero que la usa su hijo de 17 años. Sobre las explicaciones que le dio su hijo sobre lo sucedido Valeria agregó “Él me dijo que no había hecho nada y que fueron sus compañeros los que hacían las llamadas de amenazas. Compraban un chip y, después de hacerlas, lo tiraban”. La mujer explicó que el 7 de agosto los amigos le pidieron prestado el teléfono para hacer la llamada y que luego borraron el historial. De acuerdo a los dichos de la madre el adolescente identificó y acusó a los compañeros.
Por su parte las abogadas defensoras Lucia Gandur y Maria Jose Ahumada, rechazaron los pedidos alegando que en todas las familias los menores no son titulares de las líneas por lo que figuran a nombre de los padres o adultos responsables. Para las abogadas, no había elementos suficientes para considerarla la autora de la amenaza.

La auxiliar Mónica Tobchan, siguiendo las instrucciones de Rivadeneira, solicitó la prisión preventiva por 60 días. Argumentó su planteo aduciendo las pruebas que quedan por producir y porque la imputada podría influenciar sobre los testigos que en su mayoría son menores de edad. También solicitó que se le trabe embargo por $3 millones. 

La jueza Valeria Mibelli aceptó todos los planteos realizados por el Ministerio Público. Jiménez se transformó en la segunda persona que es detenida en menos de cuatro horas. La primera fue una joven de 18 años que fue considerada autora del hecho.