La magistrada María Carolina Ballesteros ha presentado un recurso extraordinario federal por per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando su intervención inmediata en el proceso de remoción que se lleva a cabo en su contra en Tucumán.
Ballesteros argumenta que el Jurado de Enjuiciamiento está conformado de manera inconstitucional, con un predominio del sector político que responde al oficialismo gobernante que en su momento fueron investigados por la magistrada. Además, señala que la vocal Eleonora Rodríguez Campos Jiménez, quien preside el jurado, es sobrina del ministro fiscal Edmundo Jesús Jiménez, a quien la jueza también investigó por asociación ilícita.
El recurso de per saltum se basa en la necesidad de evitar un daño irreparable a las instituciones de la República, ya que, según Ballesteros, el proceso en su contra es un ataque a la independencia del Poder Judicial. La jueza solicita que la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de la conformación del Jurado de Enjuiciamiento y se avoque al conocimiento de la causa.
Antecedentes según la presentación realizada por la defensa de la jueza:
* Ballesteros investigó al ministro fiscal Jiménez y a sus hijos por asociación ilícita, así como a diversos legisladores, incluido el actual gobernador, por presuntos casos de corrupción.
* El proceso de remoción se inició mientras Ballesteros se encontraba con licencia médica por dos intervenciones quirúrgicas.
* La jueza denuncia que la Comisión de Juicio Político está conformada por legisladores con procesos penales pendientes, incluyendo al legislador José Fernando Orellana condenado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual e inhabilitado para ejercer cargos públicos de manera perpetua.
* Ballesteros recusó a la vocal Rodríguez Campos Jiménez por su parentesco con el ministro fiscal Jiménez, pero la recusación fue rechazada.
Puntos clave del recurso:
* Inconstitucionalidad: La conformación del Jurado de Enjuiciamiento viola el principio de equilibrio entre los distintos estamentos, con una hegemonía del sector político.
* Arbitrariedad: La Corte Suprema de Tucumán ha incurrido en una omisión ilegal al no dar trámite a la acción de amparo presentada por Ballesteros.
* Gravedad institucional: El proceso de remoción de Ballesteros atenta contra la independencia del Poder Judicial y el sistema republicano de gobierno.
En caso de que la Corte Suprema no intervenga, la jueza se reserva el derecho de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
