Consternación en Catamarca por la violenta muerte de una mujer adicta que sobrevivía en un deplorable estado de abandono

Alicia Suárez tenía 40 años. Una herida cortante en el cuello puso fin a su vida. Vida y muerte de Alicia estuvieron marcadas por la marginalidad y la vulnerabilidad. Alicia era madre pero no vivía con sus hijos –ni siquiera estaba a cargo de ellos-. No habría tenido documento nacional de identidad y vivía prácticamente a la buena de Dios.

Algunas de las personas que la conocieron contaron que comía en un comedor del barrio Altos de Choya, donde vivía. Su casa también estaba en un estado lamentable, precaria y sin servicio de energía eléctrica. 

Alicia Suárez vivía en una situación de extrema vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos y con un perfil socioambiental precario. Los vecinos la describieron como una persona que vivía en una habitación sin sanitario, dormía en el piso y no tenía mobiliario debido a constantes robos.

De acuerdo con información a la que se pudo acceder, el padre de sus hijos se encuentra cumpliendo una condena en el Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán. Sus hijos más grandes ya tienen la mayoría de edad pero los dos más pequeños se encuentran institucionalizados. 

Según se indicó, la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social había intervenido, dada la situación de estos niños, con el padre privado de la libertad y la madre con problemas de adicción al alcohol y otras sustancias. Es decir, en principio, el Estado habría tenido conocimiento sobre la situación de Alicia. Sin embargo, la mujer continuó su vida, en la marginalidad y vulnerable. Ahora, el caso se investiga en la órbita de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.

El cuerpo de Alicia fue hallado por un vecino el domingo por la tarde. Se encontraba en un estado deplorable, casi desnuda y con dos mascotas en un charco de sangre. Según el protocolo de autopsia, la causa de muerte fue un shock hipovolémico masivo con hemorragia, producto de la herida cortante en el cuello. Además, se constataron lesiones en el rostro y el abdomen. En un primer momento intervino la fiscal de Instrucción de Séptima Nominación del Distrito Este, Paola González Pinto. 

La fiscal, entre una de las primeras medidas, ordenó el vallado de la escena del crimen y convocó a las Divisiones de Homicidios y de Criminalística de la Policía de la Provincia y de la Unidad Judicial N°7 para las pericias de rigor. Con la información preliminar, la fiscal González Pinto ordenó el arresto preventivo de cuatro personas, Lalo -cuya edad no trascendió-, sus dos hijos de entre 30 y 35 años y otro individuo de 50. Todos fueron trasladados a Sanidad para la inspección corporal correspondiente.

En horas de la mañana del lunes, la causa había pasado al fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación del Distrito Norte Juan Manuel Sánchez Ruiz –quien había estado de licencia-. Sin embargo, dadas las primeras características del hecho de sangre, se dio intervención a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal especializada Alejandra Antonino.

Al respecto, se indicó que el traspaso de la investigación a esta Fiscalía especializada se dispuso en virtud de su competencia exclusiva, dentro de la Primera Circunscripción Judicial, en casos enmarcados bajo hipótesis de femicidio, tal como lo establece el protocolo de actuación para este tipo de hechos. El domingo cuatro personas fueron arrestadas en averiguación del hecho y estarían próximas a pasar a calidad de detenidas para ser imputadas e indagadas.
 
No obstante, se aclaró que si bien la figura penal se encuentra aún en análisis, los indicios reunidos justificaron la intervención de la Fiscalía especializada en esta materia. La fiscal Antonino determinará las próximas medidas procesales respecto a los cuatro sospechosos arrestados.

Además, se indicó que en el marco de la búsqueda del arma homicida, durante un allanamiento realizado ese mismo día en la vivienda de uno de los sospechosos, se secuestraron dos cuchillas. Estos elementos serán sometidos a pericias.

En 2018, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación (UFEM) publicó el Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres. Este trabajo fue elaborado por la UFEM, con el acompañamiento del programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea EUROsociAL+, de la OACNUDH y de ONU Mujeres.

“Los femicidios se relacionan a menudo con la violencia ejercida en el marco de una relación de pareja o expareja. No obstante, sus manifestaciones son múltiples, muchas de ellas todavía invisibilizadas. También están asociados con otros fenómenos violentos –lo que los vuelve aún más invisibles, como la delincuencia organizada, ligada a tráficos de armas, drogas o personas– u otros contextos, como la ruta de las migraciones o los conflictos armados.

El odio y los prejuicios por razones de orientación sexual e identidad de género también motivan la comisión de crímenes de género”, se indicó en este documento.

Este Protocolo ofrece a cada integrante del Ministerio Público Fiscal pautas sencillas y ágiles para investigar y litigar casos de muertes violentas de mujeres de manera eficaz y con perspectiva de género. De esta manera, se asegura que la actuación del organismo se desarrolle de acuerdo con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada aplicables a la criminalidad de género.

"La diferencia sustancial entre el femicidio y el homicidio es que el primero está determinado por razones de género. El femicidio refunda y perpetúa los patrones que culturalmente han sido asignados a las mujeres: subordinación, debilidad, sentimientos, delicadeza o feminidad", se detalló. /El Ancasti