Con una agenda atravesada por la tensión fiscal y las negociaciones políticas, el gobernador Osvaldo Jaldo se trasladará este jueves a la Ciudad de Buenos Aires para participar de una cumbre clave de mandatarios provinciales. El encuentro se realizará en la Casa de Salta y tendrá como anfitrión a Gustavo Sáenz, junto a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén).
La reunión del bloque de gobernadores denominados “dialoguistas” apunta a un objetivo concreto: reactivar las gestiones ante la Casa Rosada para que se normalicen las deudas que el Estado nacional mantiene con las provincias. En ese marco, el respaldo parlamentario que el oficialismo necesita para avanzar con la reforma laboral aparece como una de las principales cartas de negociación.
En el caso de Tucumán, la urgencia financiera es evidente. El ministro de Economía, Daniel Abad, viene advirtiendo sobre la necesidad de recuperar cerca de $95.000 millones adeudados por la atención sanitaria de afiliados al PAMI, fondos considerados indispensables para sostener el equilibrio de las cuentas provinciales en los primeros meses del año, tradicionalmente marcados por una menor recaudación.
El trasfondo económico agrega presión al encuentro. Mientras el Gobierno nacional de Javier Milei destaca el superávit fiscal y su estrategia de alineamiento internacional, en el interior del país el impacto de la apertura importadora y la inflación se hace sentir con fuerza. En Tucumán, la actividad de la industria textil registra una fuerte retracción y el endeudamiento de los hogares continúa en ascenso. En ese contexto, Jaldo y sus pares anticipan que trasladarán al ministro del Interior, Diego Santilli —quien sigue de cerca las conversaciones—, un mensaje claro: no habrá acompañamiento político sin una compensación financiera concreta.
Un reclamo con respaldo legal
En paralelo a la ofensiva política, el Gobierno de Tucumán avanzó en el plano administrativo para reforzar su reclamo. Esta semana quedó formalizada la registración contable de las acreencias que la Nación mantiene con la provincia, mediante el Decreto N° 3.923/3, firmado por Jaldo y publicado en el Boletín Oficial.
La norma instruye al Ministerio de Economía y Producción a consolidar los créditos que quedaron excluidos del acuerdo de compensación firmado en septiembre pasado. De acuerdo con los cálculos oficiales, el pasivo total ronda los $400.000 millones.
La cifra incluye no solo los montos vinculados a la atención sanitaria, sino también el impacto de la quita de subsidios al transporte y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), gastos que la provincia absorbió con recursos propios para evitar conflictos sociales y gremiales. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la decisión busca “proteger los intereses fiscales de Tucumán” y dejar constancia formal del incumplimiento nacional de cara a la negociación que se abrirá en Buenos Aires.
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