El sorpresivo allanamiento a la sede de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) desató un feroz choque de versiones públicas y dejó al descubierto una profunda interna en el sector. De un lado se encuentra el empresario Sergio Gómez Sansone, impulsor de la denuncia penal; del otro, Jorge Berretta, vicepresidente de la entidad, quien salió al cruce para defender la trayectoria y la transparencia de la institución que nuclea a los dueños de los colectivos.

La postura de Gómez Sansone: reclamos, cheques extraviados y "represalias"
 
Sergio Gómez Sansone, titular de la Línea 8 y de la empresa San Pedro de Colalao, rompió el silencio tras el operativo judicial y aseguró que sus planteos comenzaron a principios de 2024. Su principal exigencia apuntaba a obtener rendiciones de cuentas claras sobre la distribución de los subsidios y fondos provinciales destinados al sistema de transporte público.

En su descargo, el empresario lanzó una dura acusación sobre el destino del dinero. Afirmó haber encontrado cheques emitidos por AETAT a favor de sus empresas que nunca llegaron a sus manos y que, según su denuncia, habrían sido cambiados y vendidos en cuevas financieras de la provincia.

Además, Gómez Sansone rechazó tajantemente las declaraciones que lo vinculan a un trasfondo político y aseguró que, por pedir explicaciones contables, sufrió graves represalias. Según su testimonio, esta situación derivó en la quita de la Línea 131 durante el mes de septiembre, en lo que definió como un intento conjunto del gremio y la asociación empresarial para silenciarlo y sacarlo del sistema.

Respecto al silencio del resto de los dueños de colectivos, el empresario afirmó que responde a un pánico generalizado a perder sus fuentes de trabajo y sus rutas comerciales. "El 80% de los empresarios tienen el mismo miedo que tenía yo. A mí ese miedo se me fue cuando ya me sacaron la línea, por eso hoy puedo denunciar", sentenció con dureza. Para cerrar su postura, dejó un desafío a la investigación en curso: "Si mis denuncias son falsas, que me metan preso. Para eso está la Justicia".

La respuesta de AETAT: transparencia legal y una acusación de "desestabilización"
 
Desde la vicepresidencia de la institución, Jorge Berretta desestimó las acusaciones. Calificó la denuncia como una presentación infundada y consideró que responde a intenciones políticas orientadas a afectar el funcionamiento de la entidad empresarial.

Berretta sostuvo la legalidad de los procesos administrativos internos e indicó que las compensaciones tarifarias se distribuyen de acuerdo con la normativa vigente, tomando como base principal la cantidad de trabajadores registrados por cada empresa prestadora. Asimismo, remarcó que los datos de la distribución están a disposición de los asociados mensualmente y señaló que el último balance de AETAT contó con la aprobación del propio denunciante. Según el directivo, ante una eventual irregularidad, la situación afectaría a todas las empresas asociadas y no de manera aislada.

Finalmente, el representante de AETAT comunicó que el personal de la sede ubicada en calle San Juan al 1.300 recibió instrucciones de colaborar de forma irrestricta con la Fiscalía, a fin de facilitar la documentación requerida y permitir el avance de la investigación judicial. /Los Primeros