Las universidades públicas de todo el país anunciaron una nueva movilización nacional para exigir la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta fue convocada para el próximo 12 de mayo y tendrá como epicentro la Plaza de Mayo, en lo que se perfila como la cuarta manifestación del sector desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
Bajo el lema “En defensa de la educación pública, la universidad y la ciencia”, la convocatoria fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el frente que agrupa a los gremios docentes y no docentes. La iniciativa también apunta a sumar a estudiantes, investigadores y a la ciudadanía en general, en un intento por ampliar el respaldo social al reclamo.
El eje del conflicto continúa siendo la falta de implementación plena de la ley aprobada por el Congreso, que establece actualizaciones periódicas para los gastos operativos de las universidades, los salarios del personal y las becas estudiantiles. Desde las casas de estudio advierten que el incumplimiento de estos puntos impacta de forma directa en el funcionamiento diario, afectando tanto la actividad académica como la investigación.
La medida se enmarca en una serie de acciones que el sector viene desarrollando en los últimos meses. Entre ellas, se destacaron jornadas de visibilización con clases abiertas, actividades comunitarias y un reciente paro con asistencia a los lugares de trabajo, que buscó mantener la actividad mientras se exponía la situación.
El reclamo por mayor financiamiento no es nuevo: se arrastra desde 2024 y ya derivó en varias movilizaciones masivas en todo el país. En una primera etapa, el foco estuvo puesto en la actualización de partidas presupuestarias, pero con el correr del tiempo la discusión se centró también en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
En paralelo, el conflicto sumó capítulos en la Justicia. Fallos de primera instancia y de Cámara ordenaron avanzar con la aplicación de aspectos clave de la norma, especialmente en lo referido a la recomposición salarial. Sin embargo, el Estado nacional apeló esas resoluciones y la disputa continúa abierta.
Desde el Gobierno nacional sostienen su rechazo a la implementación total de la ley, al considerar que no contempla fuentes de financiamiento específicas y que podría comprometer el equilibrio fiscal. En ese marco, el oficialismo impulsa en el Congreso un proyecto alternativo con modificaciones en los mecanismos de actualización.
Mientras tanto, las universidades redoblan la presión en la calle. La convocatoria de mayo busca reinstalar el tema en la agenda pública y sostener un reclamo que, lejos de resolverse, suma nuevos capítulos en el escenario político y social.
Te puede interesar
Lo más visto
