Un hombre fue imputado por la Justicia luego de ser identificado como el presunto autor de la destrucción de una parada inteligente de colectivos ubicada en calle San Lorenzo al 500, en Barrio Sur, de San Miguel de Tucumán. El hecho ocurrió el 21 de junio y quedó registrado por una cámara de seguridad de un vecino, cuyas imágenes permitieron avanzar rápidamente con la investigación.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el acusado circulaba en motocicleta cuando el vehículo sufrió un desperfecto mecánico. Tras detenerse, descendió visiblemente alterado y comenzó a golpear con su casco la pantalla LED instalada en la parada del transporte público hasta destruirla por completo. La secuencia quedó registrada en video y se convirtió en la principal prueba para identificar al responsable.
A partir de esas imágenes, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó una denuncia penal para impulsar la investigación. Con los elementos reunidos, la Fiscalía ordenó distintas medidas que culminaron con un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Durante el procedimiento se secuestró la motocicleta que aparecía en la filmación y el hombre quedó formalmente imputado.
La causa es investigada por el fiscal Daniel Sosa Piñero, quien deberá determinar la calificación definitiva del hecho. Entre las figuras penales que se analizan se encuentra la de daño agravado, un delito que contempla penas que pueden ir desde tres meses hasta cuatro años de prisión, además de la obligación de reparar económicamente los daños ocasionados al patrimonio público.
Desde el municipio destacaron que el objetivo es que este caso marque un punto de inflexión frente a los reiterados episodios de vandalismo que afectan al mobiliario urbano. Las paradas inteligentes, equipadas con pantallas informativas, iluminación y otros sistemas tecnológicos, representan una importante inversión pública y, en numerosas oportunidades, sufren roturas intencionales que demandan elevados costos de reparación y reposición.
Las autoridades sostienen que la destrucción de estos espacios no solo implica un perjuicio económico para el Estado, sino también un deterioro directo en la calidad del servicio que reciben miles de usuarios del transporte público. Cada pantalla dañada o estructura vandalizada deja de brindar información sobre recorridos y horarios, además de afectar la seguridad y la comodidad de quienes esperan los colectivos.
El municipio anticipó que continuará promoviendo denuncias penales en todos los casos en que pueda identificarse a los responsables mediante cámaras de seguridad, registros de vecinos o sistemas de videovigilancia. La intención es desalentar este tipo de conductas mediante sanciones judiciales y reforzar el mensaje de que los daños al patrimonio público tendrán consecuencias legales.
El expediente continuará ahora con la producción de nuevas pruebas y las actuaciones judiciales correspondientes para definir la responsabilidad del imputado y las eventuales medidas que adopte la Justicia en el avance de la causa.
