El condenado es Víctor Hugo Arroyo, quien recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional tras ser hallado responsable de usurpar un terreno fiscal de casi 450 metros cuadrados en El Cadillal. Además de la condena, el juez le impuso el pago de las costas y demás accesorias legales del proceso, y le prohibió acercarse al inmueble o realizar cualquier acción que altere su posesión.
Según la acusación, Arroyo ocupó el predio entre mayo y agosto de 2023. Ese mismo año, técnicos del Ente Tucumán Turismo detectaron la ocupación irregular y, con la intervención de especialistas de la Dirección General de Catastro, comprobaron que el terreno pertenecía al Estado provincial y había sido concesionado a una empresa para desarrollar un complejo turístico.
A partir de esa constatación, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, ordenó iniciar el procedimiento administrativo para recuperar el inmueble y promover una denuncia penal contra el ocupante.
La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Saltor y, con la participación de la Fiscalía de Estado como querellante, en abril de 2025 se solicitó formalmente la restitución del terreno a favor de la Provincia.
Durante el proceso, Arroyo sostuvo que había heredado el inmueble y que desde hacía años abonaba los tributos correspondientes. Sin embargo, el juez Guillermo Taylor rechazó esos argumentos, hizo lugar al planteo de la acusación, convalidó la imputación por usurpación y cuestionó que la comuna de El Cadillal hubiera percibido impuestos sobre un terreno perteneciente al patrimonio provincial.
A diferencia de la mayoría de las causas similares, que se resolvieron mediante juicios abreviados, este expediente avanzó hasta el debate oral. En esa instancia, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomaz, por instrucciones del fiscal Fernando Blanno, mantuvo la acusación original.
La defensa solicitó la absolución al insistir en que Arroyo no había ocupado un inmueble ajeno porque consideraba que era de su propiedad. Por su parte, la querella, integrada por Santiago Xamena en representación de la Fiscalía de Estado, Ariel Llabra por la Dirección General de Catastro y Gerónimo Musso por el Ente Tucumán Turismo, acompañó el planteo del Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el juez Guido Buldurini dictó la condena que dio por acreditado el delito de usurpación y dispuso, además de la pena condicional, la prohibición de acercamiento al predio como regla de conducta.
Tras conocerse el fallo, la fiscal de Estado destacó el alcance institucional de la resolución. "El terreno recuperado no es un lote cualquiera. Se trata de un bien público protegido por leyes históricas de la provincia, destinado exclusivamente a la preservación ambiental y al desarrollo turístico", afirmó Pedicone. Agregó que la sentencia ratifica que las tierras públicas pertenecen a toda la comunidad y no pueden ser apropiadas por particulares para beneficio propio.
La funcionaria recordó que durante años El Cadillal fue escenario de numerosas irregularidades dominiales, una situación que se profundizó especialmente durante la pandemia. En ese contexto, explicó que el proceso de regularización continúa avanzando, aunque reconoció que se trata de un mecanismo complejo debido a la cantidad de organismos involucrados y de situaciones que deben analizarse.
Con el propósito de ordenar la ocupación de inmuebles fiscales, la Provincia sancionó una ley que permitió a quienes ocupaban terrenos ubicados en sectores habilitados acceder a su adquisición mediante licitación pública y con facilidades de pago. Posteriormente, esa normativa fue ampliada para incorporar a un mayor número de ocupantes.
De acuerdo con datos oficiales, alrededor de 1.300 personas iniciaron los trámites de regularización, pero solamente unas 120, es decir menos del 10%, lograron completar correctamente el procedimiento.
Según las autoridades, muchos de los restantes optaron por gestionar sus expedientes a través de empleados de la ya desaparecida Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, cuyos integrantes fueron denunciados por presuntos hechos de corrupción. Hasta el momento, esas investigaciones no registran avances significativos.
Pedicone destacó que varios ocupantes cumplieron con todas las exigencias legales e incluso adaptaron sus propiedades para adecuarse a las disposiciones urbanísticas. Como ejemplo, señaló que algunos redujeron la superficie de sus lotes para permitir la apertura de calles con dimensiones aptas para la circulación de ambulancias y camiones recolectores de residuos. Respecto de quienes aún no regularizaron su situación, anticipó que cada caso continúa bajo análisis, aunque advirtió que todos deberán ajustarse a la normativa vigente.
La fiscal de Estado también reafirmó que la decisión política de proteger el patrimonio público se mantiene firme. Explicó que un equipo interdisciplinario integrado por profesionales del Ente Tucumán Turismo, la Dirección General de Catastro, Flora y Fauna y Recursos Hídricos realiza controles permanentes sobre las tierras fiscales de la provincia.
Como resultado de esas tareas, el organismo detectó publicaciones en redes sociales donde se ofrecían terrenos fiscales ubicados en El Cadillal. Esos casos fueron denunciados penalmente y se incorporaron a las investigaciones en curso.
Pedicone precisó que la recuperación de inmuebles estatales puede concretarse por distintas vías. En algunos casos, explicó, el Estado actúa mediante la autotutela, facultad que le permite proteger y recuperar directamente los bienes públicos. Cuando esa alternativa no resulta posible, debe recurrir a acciones judiciales en los fueros civil o penal, procesos que suelen demandar mayor tiempo.
En el marco de esta política, la Provincia ya logró recuperar terrenos fiscales en El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal, San Javier y Yerba Buena, todos ellos considerados estratégicos por encontrarse comprometido el dominio público.
Uno de los antecedentes más relevantes corresponde a la Reserva Natural La Angostura, en Tafí del Valle, donde fueron liberados sectores ocupados ilegalmente y se impulsaron causas penales, entre ellas la vinculada al denominado "Loteo Gaucho Castro", expediente que actualmente transita la etapa final de instrucción.
Fuentes judiciales indicaron además que, durante las últimas semanas, la Fiscalía de Estado promovió nuevas demandas contra personas acusadas de comercializar terrenos fiscales a través de redes sociales tanto en El Cadillal como en la localidad de Delfín Gallo.
