La estrategia del Gobierno nacional para avanzar con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sufrió un revés en el Senado luego de que varios gobernadores manifestaran su rechazo al capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Frente al riesgo de no reunir los votos necesarios, el oficialismo resolvió retirar ese apartado del proyecto antes de su tratamiento.
Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien aseguró que las representantes de la provincia en la Cámara alta mantendrán su rechazo a la iniciativa. El mandatario sostuvo que dialogó con las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y afirmó que ambas mantienen una postura firme en contra del texto impulsado por la Casa Rosada.
La posición adoptada por Tucumán se sumó a la de otras provincias. En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa ratificó su rechazo a cualquier propuesta que facilite la extranjerización de la tierra y señaló que su administración sostendrá esa política tanto a nivel provincial como nacional.
El escenario también generó incertidumbre respecto de la postura de otros legisladores, especialmente de distritos donde la actividad agropecuaria tiene un fuerte peso económico. Ese contexto complicó las negociaciones del oficialismo, que buscaba alcanzar la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa en el Senado.
Ante la falta de respaldo suficiente, el Gobierno decidió eliminar del proyecto el capítulo más cuestionado. La determinación fue adoptada tras una reunión con dirigentes aliados, en la que se evaluó que mantener ese artículo podía poner en riesgo el desarrollo de la sesión prevista para esta semana.
El apartado eliminado establecía restricciones para la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros, aunque contemplaba excepciones para personas jurídicas y sociedades con participación estatal extranjera, siempre que contaran con la autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.
Precisamente ese mecanismo de autorizaciones fue uno de los principales puntos objetados por gobernadores y legisladores, quienes advirtieron que la redacción dejaba abierta la posibilidad de habilitar operaciones con capitales extranjeros sobre tierras rurales, en contradicción con el objetivo de preservar el dominio nacional sobre esos inmuebles.
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