Por pedido del Ministerio Fiscal, se dispuso la apertura a juicio oral y público de la causa seguida contra Daniel Edgardo Chavarría. La acusación sostiene que el imputado, aprovechándose de la confianza que generaba su condición de personal policial y de las funciones que desempeñaba en el Paseo Sáenz Peña, llevó adelante diversas maniobras que ocasionaron importantes perjuicios económicos a feriantes y comerciantes. El MPF adelantó que pretende una pena de 14 años.
Este miércoles 5 de agosto se desarrolló una audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba en el marco de la investigación que tiene como imputado a Daniel Edgardo Chavarría, quien al momento de los hechos se desempeñaba como sargento primero de la Policía. La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, y en esta oportunidad representada por la auxiliar de fiscal Emely Rafael.
La investigadora requirió la apertura a juicio oral y público por el delito de estafa por abuso de confianza en calidad de autor, en concurso real con el delito de estafas reiteradas. Como pretensión punitiva, el MPF adelantó que solicitará una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Al exponer la teoría del caso y el material probatorio que será incorporado durante el debate, Rafael destacó las declaraciones testimoniales de las víctimas y la documentación aportada durante la investigación. Entre las evidencias, mencionó una pericia caligráfica realizada por la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) sobre talonarios y recibos manuscritos firmados por el imputado. Asimismo, hizo referencia a un informe elaborado por el equipo contable del MPF que determinó que el daño económico estimado y actualizado al 31 de agosto de 2025 asciende a casi 39 millones de pesos
“Hay una pluralidad de víctimas que se han animado a denunciar y, por supuesto, hay una cantidad importante de otras más que no lo hicieron. Y hay un claro motivo: en reiteradas oportunidades manifestaron que Chavarría era personal policial”, sostuvo Rafael durante la audiencia. La representante del MPF también remarcó que “no es un dato menor que de esta investigación se desprendió una asociación ilícita que se está investigando bajo otro legajo, que fue declarado, al igual que éste, asunto complejo”
La querella adhirió a todos los planteos formulados por el Ministerio Fiscal. Finalmente, el juez interviniente hizo lugar a lo solicitado y dispuso la elevación de la causa a juicio
Hecho 1 (cobro indebido de alquileres y renovaciones
La acusación sostiene que Chavarría, aprovechando las funciones que desempeñaba en el Paseo Sáenz Peña y la confianza depositada en él por los propietarios y los feriantes, percibió de distintos locatarios sumas de dinero en concepto de adelantos de alquileres y renovaciones contractuales para el año 2024. Mediante estas maniobras habría recibido un total de $4.760.000, fondos que nunca fueron rendidos a la sociedad administradora del predio, ocasionando un perjuicio patrimonial tanto a los feriantes como a la firma propietaria del paseo comercial
Hechos 2 al 6 (venta irregular de locales
Asimismo, se le atribuye haber aparentado contar con facultades para comercializar locales de la feria que estaba en construcción en avenida Sáenz Peña 155. Bajo esa modalidad, habría concretado la venta de distintos puestos comerciales a varias personas, quienes realizaron pagos creyendo legítima la operación. Como resultado de estas maniobras, Chavarría habría percibido un total de $6.050.000, correspondientes a los aportes efectuados por cinco víctimas, provocando un perjuicio patrimonial a cada una de ellas.
