Cuando la Justicia avanzaba con la investigación de una supuesta estafa piramidal por más de $530 millones, trascendió que el hombre investigado por la presunta apropiación del dinero de una quincena de inversionistas pidió la quiebra de la empresa que administraba. La decisión tomó por sorpresa a los damnificados y sus representantes legales cuestionaron el camino que eligió recorrer, aunque aclararon que no incide en el expediente penal.
Franco Alderete, titular de Lebron Group SAS, invitaba a personas a invertir capitales, pagando una tasa de interés que se fijaba según el monto aportado. En principio, abonaba desde un 7% mensual cuando las inversiones eran en pesos y un 3,4% cuando los ahorristas entregaban dólares.
El fiscal Fernando Blanno maneja 15 denuncias que reclaman el pago de $536 millones. Pero esa cifra podría incrementarse considerablemente si se tiene en cuenta que habría más de un centenar de damnificados. Distintas versiones dan cuenta de que en Santiago del Estero habría desarrollado una operatoria similar y algunas personas estarían reclamando alrededor de $1.000 millones. La Justicia también investiga si realizó este tipo de actividades en Córdoba, Catamarca y Santa Fe.
Cómo era la maniobra denunciada
De acuerdo con las denuncias que analiza el fiscal Blanno, los fondos eran utilizados para la importación de suplementos alimentarios y artículos tecnológicos. Alderete es titular de Grupo Lebron SRL, firma con la que comercializaba esos productos. Tenía cinco locales: tres en la capital tucumana, uno en Yerba Buena -donde además funcionaba un bar- y otro en Lules.
Una minoría de los denunciantes señaló que los inconvenientes comenzaron a mediados de 2023; otros, a mediados de 2024; y la gran mayoría indicó que surgieron en febrero de 2025 y se intensificaron en enero de 2026. Desde entonces, el responsable de Lebron Group comenzó a ser expuesto en las redes sociales. Él habría respondido promoviendo denuncias por calumnias e injurias contra las personas que lo señalaban públicamente.
En su declaración ante la Justicia, Alderete explicó que Lebron Group era la única firma que desarrollaba esta actividad. Sin embargo, cuando ARCA le suspendió el CUIT para operar, creó Total Finan SAS, con la que continuó trabajando. No obstante, en el expediente aparecen otras adades.
Uno de los denunciantes explicó que realizó transferencias a cuentas de empresas identificadas como Sportmed SRL y De Nutrición Argentina SRL, que actualmente están siendo investigadas. Los investigadores sospechan que el acusado habría creado distintas firmas que funcionaban como fachadas.
Ante la Justicia negó haber cometido una estafa. Reconoció dificultades financieras, pero aseguró que continúa realizando pagos y que actualmente resulta imposible afrontar las exigencias económicas planteadas por algunos denunciantes. Explicó que no había estafado a nadie, sino que, por diferentes problemas, no pudo cumplir con los contratos. Los representantes de las víctimas rechazan esa versión.
Los detalles del pedido
Mientras estallaba el escándalo, Alderete comenzaba a caminar por otro fuero: el civil. El 5 de junio presentó oficialmente el pedido de quiebra. Se trata de una solicitud que se presenta ante un juez para que declare en ese estado a una persona o empresa que no puede cumplir con sus obligaciones económicas.
El magistrado debe analizar el caso para confirmar la veracidad de la documentación presentada por el solicitante. Entre otros trámites, debe verificar que la firma se encuentre inscripta ante ARCA y que haya sido debidamente constituida.
Si acepta el planteo -se estima que podría ocurrir la semana próxima-, dispondrá la designación, mediante sorteo, de un síndico. Este especialista no sólo tiene que convocar a las personas para que presenten la documentación que respalde los créditos que aseguran tener a su favor.
Luego de analizar las presentaciones, deberá emitir un informe sobre la procedencia o improcedencia de cada acreencia. Además, actuará como asesor económico del magistrado y colaborará en la determinación de la situación patrimonial de la empresa.
Con la información reunida, el juez continuará el proceso de quiebra, determinará la situación patrimonial de la firma y adoptará las medidas que correspondan para satisfacer los créditos reconocidos.
Este proceso no es ágil y suele demandar varios meses. Mientras se desarrolla el trámite, la Justicia puede disponer medidas preventivas contra el solicitante. Entre ellas, una inhibición de bienes -que le impide vender o gravar su patrimonio- y una prohibición de salida del país, entre otras.
Los expertos explicaron que el pedido de quiebra de ninguna manera impide que el caso siga siendo investigado en el fuero penal. También señalaron que es habitual que personas o empresas con dificultades financieras recurran a este mecanismo para intentar ordenar el pago de sus deudas dentro de un proceso judicial. “La quiebra no extingue una eventual responsabilidad penal. Son expedientes completamente distintos”, indicó un funcionario judicial. /La Gaceta
Un planteo que generó sorpresa y malestar entre los denunciantes
“Es una maniobra conocida para no cumplir con sus obligaciones”, sostuvo Aníbal Paz. “Puede pedir lo que quiera, pero una quiebra fraudulenta también es un delito”, añadió Juan Pablo Bello. Ambos representan a inversionistas que denunciaron por estafa a Franco Alderete, titular de Lebron, la empresa que está siendo investigada por una supuesta estafa piramidal que habría causado un perjuicio de unos $530 millones.
La quiebra solicitada por Alderete se conoció días después de que personal de Inteligencia Criminal allanara los domicilios conocidos del investigado. Por pedido del fiscal Fernando Blanno, los investigadores secuestraron documentación y dispositivos electrónicos para ser peritados.
Según trascendió, en uno de los domicilios se secuestró un documento considerado clave para la investigación. Se trata de un papel que serviría para demostrar que se dedicaba a la importación de suplementos alimentarios, tal como lo había informado en su declaración.
De la investigación surgió que Alderete comenzó a operar en 2020 y que a mediados del año pasado comenzó a incumplir los pagos pactados. Ese es un punto clave para los denunciantes. Señalaron que, aun sabiendo que no contaba con los fondos necesarios para responder a sus obligaciones, seguía captando capitales de otros inversionistas. “Por eso insistimos en que no estamos ante un incumplimiento contractual, sino frente a un típico esquema de estafa piramidal”, añadió Paz.
Cuestionamientos al por mayor
“La situación concursal planteada por el denunciado no suspende el proceso penal. También hay que diferenciar si quien lo solicita es la propia persona, la empresa u otra sociedad que presuntamente se utilizó para la defraudación”, sostuvo Paz.
El penalista indicó que el concurso o la quiebra son mecanismos previstos para situaciones de insolvencia. “Eso no puede ser utilizado como un escudo ante eventuales responsabilidades penales”, aclaró. “A nuestro criterio, el denunciado realizó operaciones a sabiendas de que no podría cumplir con las obligaciones asumidas frente a mi representado”, añadió.
Bello, representante legal de otros denunciantes, señaló: “Nos enteramos recientemente del pedido de quiebra. Será materia de análisis determinar si se trata de una quiebra fraudulenta. En caso de ser así, presentaremos la correspondiente denuncia ante la fiscalía interviniente porque recordemos que se trata de una conducta prevista y penada por el Código Penal”.
“Claramente hay maniobras desesperadas por parte del imputado para seguir perjudicando a las víctimas”, agregó.
Cómo seguirá el proceso
Más allá de lo que ocurra en el fuero civil, esta semana podría definirse la continuidad del expediente que instruye Blanno. El fiscal espera las respuestas a los oficios que envió a la Comisión Nacional de Valores y al Banco Central de la República Argentina para establecer si Alderete estaba autorizado a realizar actividades financieras.
Si la respuesta fuera negativa, debería declararse incompetente y remitir el expediente a la Justicia Federal. Si ello ocurre, como sucedió con otras causas similares, también podría investigarse la posible comisión de otros delitos de competencia federal, entre ellos lavado de activos. /La Gaceta
