La Justicia ordenó embargar el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena de seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad. La decisión abre un interrogante inevitable: si finalmente el inmueble es decomisado, ¿dónde continuará cumpliendo la pena la expresidenta?

Por el momento, Cristina Kirchner no tiene que abandonar el departamento. El Tribunal Oral Federal N°2 aclaró expresamente que el embargo dispuesto es preventivo y cautelar: no supone una subasta inmediata, no modifica todavía la titularidad del inmueble ni equivale al decomiso definitivo. Su objetivo es impedir que la propiedad pueda venderse, transferirse o gravarse mientras continúa el proceso judicial.

Sin embargo, la situación podría cambiar si la Justicia avanza finalmente con la ejecución del bien. El propio expediente plantea el interrogante acerca de si la exmandataria deberá evaluar otro domicilio para continuar cumpliendo su condena, ya que San José 1111 pertenece a Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner.

La medida forma parte de una nueva etapa destinada a recuperar los $685.000 millones que la Justicia determinó como perjuicio patrimonial ocasionado al Estado en la causa Vialidad. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso avanzaron con embargos preventivos sobre propiedades y activos mientras se tramitan los decomisos.

El departamento donde permanece detenida Cristina no es el único inmueble alcanzado. La resolución incluye propiedades del Complejo Madero Center de Puerto Madero, entre ellas un dúplex, departamentos, cocheras y una baulera. También fueron cautelados inmuebles y terrenos de la familia Kirchner en El Calafate, El Chaltén y Río Gallegos, incluido el chalet de la expresidenta ubicado sobre la costanera de la capital santacruceña.

La decisión judicial también alcanza bienes vinculados con Máximo y Florencia Kirchner, pese a que ninguno de los dos fue condenado en la causa Vialidad. El TOF 2 fundamentó esa decisión en que la sentencia estableció que las maniobras investigadas produjeron beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.

Los magistrados sostuvieron que durante el período investigado existió una conexión económica y comercial entre las empresas de Báez y las sociedades de la familia Kirchner. Según la sentencia, compañías del empresario alquilaron, explotaron y participaron en emprendimientos vinculados con propiedades y hoteles administrados mediante Los Sauces y Hotesur.

También aparece en esta segunda etapa patrimonial el dinero que Florencia Kirchner tenía depositado en una caja de seguridad bancaria, por más de cinco millones de dólares.

La clave para la situación habitacional de Cristina Kirchner está ahora en lo que ocurra con el decomiso. El Tribunal dejó en claro que el embargo de San José 1111 no significa que el departamento pase inmediatamente a manos del Estado. Primero deberá resolverse el destino definitivo del inmueble y continuar las distintas instancias judiciales pendientes.

Por eso, Cristina seguirá por ahora cumpliendo la prisión domiciliaria en San José 1111. Pero si el inmueble termina siendo decomisado y debe ser entregado o ejecutado, la continuidad de la domiciliaria allí se volvería inviable y debería definirse judicialmente otro lugar para que cumpla la condena.

Es decir, el embargo no significa una mudanza inmediata. Pero por primera vez el propio departamento en el que Cristina Kirchner cumple su pena quedó directamente alcanzado por el proceso destinado a recuperar los bienes y el dinero de la causa Vialidad./Contexto