La Justicia Federal puso nuevamente bajo la lupa el manejo de los recursos destinados al mantenimiento y reparación de las rutas nacionales. El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas para determinar qué ocurrió con los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), luego de las denuncias que advierten sobre la colocación de recursos públicos en instrumentos financieros en lugar de destinarlos a obras viales.
En el marco de la investigación, el magistrado solicitó información al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, y a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli. También requirió documentación a la Dirección Nacional de Vialidad para conocer el destino y el nivel de ejecución de los recursos asignados al sistema.
La causa se inició a partir de presentaciones realizadas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Ambos cuestionaron el manejo de los fondos recaudados para el SISVIAL y señalaron que una parte sustancial del dinero no habría sido aplicada al mantenimiento, reparación y desarrollo de las rutas nacionales.
Tanto Tolosa Paz como la provincia de La Rioja fueron admitidos como querellantes en el expediente, por lo que quedaron habilitados para impulsar la investigación y solicitar nuevas medidas de prueba.
Uno de los principales datos aportados por la denuncia riojana sostiene que, al 31 de mayo de 2026, el SISVIAL tenía $1.001.017.908.957 colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional.
La presentación también sostiene que durante los primeros dos años y medio de la administración de Javier Milei se asignaron aproximadamente $1,5 billones al sistema vial. Sin embargo, según los datos incorporados a la denuncia, sólo $394.406 millones habrían sido utilizados efectivamente para obras y tareas de mantenimiento.
De acuerdo con ese cálculo, el nivel de subejecución alcanzaría el 73,8%.
Tolosa Paz, por su parte, denunció penalmente al ministro de Economía y a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación. Les atribuyó una presunta malversación agravada de fondos públicos y el supuesto desvío de más de $1,5 billones provenientes del impuesto a los combustibles.
El planteo judicial sostiene que esos recursos tienen una asignación específica establecida por ley: deben ser destinados al Sistema Vial Integrado y utilizados para el mantenimiento, desarrollo y reparación de las rutas nacionales.
Según la acusación, en lugar de transferir los fondos para la ejecución de trabajos viales, el Ministerio de Economía habría optado por colocarlos en distintas herramientas financieras, entre ellas plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.
Dentro de las medidas ordenadas por Lijo también se encuentran pedidos de información a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación.
El objetivo es determinar si desde 2024 hasta la actualidad se realizaron auditorías, informes, observaciones o actuaciones vinculadas con el fideicomiso creado por el Decreto 976/01 y con la cuenta especial correspondiente al SISVIAL.
El juez busca reunir documentación relacionada con expedientes administrativos, partidas presupuestarias y eventuales operaciones financieras realizadas con recursos del sistema vial.
La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, qué porcentaje de los fondos asignados fue efectivamente ejecutado, qué destino tuvo el dinero restante y bajo qué mecanismos se realizaron las colocaciones financieras cuestionadas.
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