Los tres poderes del Estado tucumano comenzaron a coordinar criterios frente a la próxima implementación del nuevo régimen penal juvenil. Representantes de la Legislatura, la Justicia y el Poder Ejecutivo participaron de una mesa de trabajo en la que analizaron los cambios que implicará la reforma y la necesidad de adecuar su aplicación a la realidad de la provincia.
El encuentro fue encabezado por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, junto al titular de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, y los vocales del máximo tribunal. También participaron el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; la ministra de Educación, Susana Montaldo; y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso.
La reunión contó además con la presencia de legisladores, magistrados, funcionarios y representantes de áreas vinculadas con la problemática juvenil. El objetivo fue avanzar en una estrategia común que permita afrontar la modificación normativa desde una perspectiva que combine la responsabilidad frente al delito con políticas de contención, educación y recuperación de los adolescentes.
Acevedo consideró "muy positivo" el encuentro y destacó que la coordinación entre las instituciones se desarrolla respetando la independencia de cada uno de los poderes. En relación con la futura implementación del nuevo régimen, planteó la necesidad de contemplar las características propias de Tucumán.
"No es la misma idiosincrasia que tienen en Buenos Aires que lo que podemos sentir o ver acá", sostuvo el vicegobernador, al remarcar que la provincia deberá adoptar las medidas necesarias para que la reforma pueda aplicarse de manera efectiva en el territorio.
En esa línea, Acevedo sostuvo que el desafío no debe limitarse a la sanción de los adolescentes que cometan delitos, sino que también debe contemplar mecanismos destinados a su recuperación y posterior reinserción social.
"Debemos rescatarlos, debemos recuperarlos", afirmó, al señalar que el objetivo es contar con un régimen penal juvenil que permita actuar ante las conductas delictivas, pero que al mismo tiempo incorpore herramientas de protección y acompañamiento.
La Justicia y el Ministerio Público, ante un nuevo escenario
Desde el Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez destacó la necesidad de que exista una articulación permanente entre las distintas áreas del Estado para llevar adelante la futura normativa.
El titular del MPF sostuvo que los distintos poderes tendrán participación en la implementación de la legislación nacional y consideró que el tratamiento del régimen penal juvenil representa uno de los debates institucionales de mayor importancia para Tucumán.
"Esta es, quizás, la ley más importante que trate la Legislatura en su período, porque se trata de menores, de chicos, y hay que ser muy cuidadoso en todo esto", expresó Jiménez.
La discusión también involucra a los organismos encargados de la defensa y protección de los derechos de niños y adolescentes, que deberán intervenir en los distintos procesos que surjan a partir de la aplicación del nuevo esquema.
Educación, prevención y convivencia escolar
La ministra de Educación, Susana Montaldo, puso el foco en las políticas de prevención y en el trabajo que se desarrolla dentro de las instituciones educativas para abordar situaciones de violencia y conflicto.
La funcionaria destacó la importancia de que los tres poderes trabajen de manera conjunta debido al impacto que la reforma tendrá sobre los jóvenes y sobre la sociedad en general.
Desde la cartera educativa señalaron que se viene desarrollando una línea de trabajo vinculada con la salud socioemocional, destinada tanto a estudiantes como a sus familias. A estas acciones se suman programas de mediación escolar orientados a brindar herramientas para resolver conflictos de manera pacífica.
En ese marco, Montaldo recordó la implementación de iniciativas en escuelas primarias, donde alumnos cumplen el rol de mediadores de conflictos, y explicó que la experiencia comenzó a extenderse al nivel secundario.
La intención es que los propios jóvenes puedan incorporar herramientas para abordar situaciones conflictivas sin recurrir a la violencia y fortalecer los mecanismos de convivencia dentro de las comunidades educativas.
Tres proyectos en análisis en la Legislatura
El debate también avanza en el ámbito parlamentario. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse explicó que actualmente existen tres proyectos con estado parlamentario destinados a adecuar la legislación provincial al nuevo marco federal.
Según detalló, uno de los principales desafíos será articular la futura ejecución de las medidas y penas con la Justicia y con los ministerios de Educación y Desarrollo Social.
El objetivo, explicó el parlamentario, es que la normativa tucumana no sólo sea compatible con la legislación nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, sino que además cuente con herramientas concretas para acompañar a los adolescentes durante el proceso de recuperación.
"Buscamos que ese joven o ese menor que sufre una condena pueda, a partir de su proceso de recuperación, reinsertarse en la sociedad", señaló Vargas Aignasse.
En ese sentido, sostuvo que una adecuada implementación del régimen puede contribuir a interrumpir las trayectorias delictivas, reducir la reincidencia y evitar que los jóvenes vuelvan a involucrarse en hechos que afecten a la comunidad.
Con la reforma penal juvenil como próximo desafío institucional, Tucumán busca definir un esquema propio de aplicación que combine el cumplimiento de las normas con políticas de prevención, educación, protección y reinserción social.
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