El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional para promover el retorno al circuito financiero formal de los dólares que permanecen fuera del sistema. La propuesta obtuvo 44 votos afirmativos contra 23 negativos, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales.
La aprobación representa un respaldo legislativo para el oficialismo, que busca recuperar protagonismo en el Congreso. Para conseguir los votos necesarios, sin embargo, el Gobierno debió aceptar el tratamiento de otras iniciativas reclamadas por sus aliados, entre ellas el proyecto vinculado con los biocombustibles.
Uno de los principales cambios que introduce la nueva normativa es la eliminación de las restricciones patrimoniales para acceder al régimen simplificado de Ganancias. Hasta ahora, la legislación establecía un límite de $10.000 millones de patrimonio para poder incorporarse a ese mecanismo.
La ley también establece condiciones específicas para funcionarios y exfuncionarios. Legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado. La restricción alcanza además a quienes hayan ejercido cargos públicos durante los cinco años previos.
Otro de los puntos centrales está relacionado con el concepto de “discrepancia significativa”, que determina cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede cuestionar una declaración simplificada. De acuerdo con el proyecto aprobado, se considerará significativa aquella diferencia que genere un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de, al menos, 15% respecto de lo informado por el contribuyente.
El debate en el Senado
Durante la discusión, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que la falta de confianza en el Estado llevó a numerosos ciudadanos a retirar sus ahorros del circuito financiero formal.
Bullrich afirmó que Argentina y Rusia se encuentran entre los países con mayor cantidad de dólares fuera del sistema financiero y responsabilizó al Estado por esa situación. “El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos”, sostuvo.
La senadora también destacó las restricciones incorporadas para los funcionarios públicos y señaló que podrán utilizar el mecanismo de simplificación, aunque no acceder a sus beneficios. En ese sentido, remarcó que quienes ocupan cargos públicos deben cumplir con las obligaciones vinculadas a sus declaraciones patrimoniales.
Desde el peronismo, el senador José Mayans cuestionó duramente la reforma y calificó a Inocencia Fiscal como “un desastre”. También sostuvo que se trata de una norma que, a su criterio, favorece a evasores y narcotraficantes.
El debate había comenzado con la intervención del senador libertario Bruno Olivera Lucero, quien defendió el objetivo de generar mayor confianza entre los contribuyentes. “No vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, expresó.
En tanto, el senador peronista Fernando Salino planteó que las restricciones deberían ampliarse a las denominadas “personas políticamente expuestas”, una categoría que consideró más amplia que la de funcionarios públicos contemplada en el texto aprobado.
Cómo fue la sesión
La sesión comenzó a las 11:23, con un quórum ajustado de 37 senadores, aportados principalmente por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.
Antes de avanzar con el tratamiento de los proyectos previstos en el temario, el peronismo utilizó las cuestiones de privilegio para cuestionar al presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, por el destino del oro correspondiente a las reservas. Las críticas fueron planteadas por los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria, mientras que el libertario Agustín Monteverde salió en defensa del funcionario.
Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, a quien reclamó la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional frente a los resultados obtenidos por los estudiantes argentinos en las evaluaciones PISA.
“Por eso vengo, a través de esta cuestión de privilegio, a solicitarle formalmente al Secretario de Educación, Carlos Torrendell, que en su carácter de autoridad del Consejo Federal de Educación, ponga en tratamiento la iniciativa que vengo impulsando desde hace tiempo: la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional”, manifestó Abad.
Luego de las cuestiones de privilegio, el Senado avanzó con el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto, además del proyecto referido a la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
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