La Justicia de Tucumán concedió el arresto domiciliario a Benjamín Eduardo Díaz, de 24 años, el efectivo policial acusado de efectuar el disparo que provocó la muerte de su compañero Nicolás Agustín Albaca Romano, de 23 años. La resolución fue conocida este viernes 30 de octubre y modificó la situación del imputado, quien tenía una prisión preventiva dispuesta hasta el próximo 1 de diciembre.

La decisión fue adoptada por un juez de impugnación, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo dentro de una garita policial de San Miguel de Tucumán.

El caso generó conmoción dentro de la fuerza de seguridad provincial, debido a que ambos protagonistas eran efectivos policiales y el episodio ocurrió mientras se encontraban en una dependencia de vigilancia.

El hecho se registró durante la madrugada del 6 de octubre, alrededor de las 00.30, en una garita policial ubicada en la intersección de las calles Charcas y pasaje Díaz Vélez, en San Miguel de Tucumán.

Según la investigación, Díaz se encontraba manipulando su arma reglamentaria cuando se produjo un disparo que impactó en el pecho de su compañero, Nicolás Agustín Albaca Romano.

El joven policía sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde quedó internado en estado crítico.

Pese a la atención médica recibida, Albaca Romano falleció el 14 de octubre, ocho días después de haber sido herido.

La víctima tenía 23 años y su muerte provocó una fuerte conmoción en el ámbito policial tucumano.

A partir del fallecimiento, la investigación judicial continuó para determinar las responsabilidades penales vinculadas con el disparo.

Qué resolvió la Justicia sobre el policía imputado

Benjamín Eduardo Díaz, de 24 años, se encontraba alcanzado por una medida de prisión preventiva que, inicialmente, debía extenderse hasta el 1 de diciembre.

Sin embargo, un juez de impugnación resolvió concederle el arresto domiciliario, por lo que podrá cumplir la medida de privación de libertad en su vivienda mientras avanza la causa.

La resolución no implica el cierre de la investigación ni una definición sobre la responsabilidad penal del acusado. El proceso judicial continúa abierto y resta establecer las circunstancias del episodio que terminó con la muerte de Albaca Romano./Contexto