El Senado avanzó con una nueva ley para garantizar los beneficios por discapacidad

El Senado alcanzó un amplio acuerdo para avanzar con el proyecto de ley de discapacidad, una iniciativa que busca garantizar la continuidad de los principales beneficios contemplados en la actual legislación de emergencia, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre. El oficialismo pretende convertirla en ley durante la sesión prevista para el 19 de noviembre.

El dictamen obtuvo el respaldo de distintos espacios políticos, entre ellos La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y varias bancadas provinciales. Antes de llegar al recinto, la propuesta será analizada este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, encabezadas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, valoró el consenso alcanzado y consideró que la discusión debe orientarse a encontrar una solución que permita superar el actual régimen de emergencia. "El objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente", expresó.

Entre los aspectos que destacó la senadora se encuentra la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan cobrar una pensión y, al mismo tiempo, acceder a un empleo formal. Según planteó, esta compatibilidad resulta fundamental para promover la inclusión laboral y favorecer la autonomía de quienes reciben el beneficio.

Bullrich también mencionó la continuidad de los incentivos para los empleadores que incorporen trabajadores por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y las prestaciones de cobertura sanitaria. "Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades", sostuvo.

La discusión legislativa resulta central para responder a los planteos de los bloques aliados, que reclaman una norma que asegure la continuidad de las prestaciones una vez que expire la ley de emergencia. Esa legislación había sido aprobada el año pasado por la oposición, pero posteriormente fue vetada por el presidente Javier Milei.

Desde el bloque Justicialista, la senadora Juliana Di Tullio anticipó el acompañamiento al dictamen y remarcó la necesidad de evitar que las medidas de protección pierdan vigencia a fin de año. "Vamos a acompañar este dictamen para que haya certezas y para que el 31 de diciembre la emergencia en discapacidad no se caiga", manifestó. Además, agregó: "Vale la pena seguir peleando porque a las personas con discapacidad y a sus familias no se las lleva puestas nadie".

Una de las voces críticas fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien cuestionó la falta de consultas a los organismos y organizaciones vinculados con la temática. La legisladora adelantó que solicitará modificaciones y advirtió: "Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del COFEDIS que tampoco fueron consultadas".

Qué establece el proyecto aprobado en Diputados

La iniciativa, denominada "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", cuenta con media sanción de la Cámara baja. Su contenido recupera prácticamente la totalidad de los beneficios previstos en la Ley 27.793, aunque introduce un cambio central: deja atrás el carácter excepcional y transitorio de la emergencia para establecer un régimen permanente y de orden público, que no dependa de las decisiones de cada administración nacional.

Uno de sus puntos principales es la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el trabajo registrado o la inscripción en el monotributo. La prestación, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, podrá mantenerse siempre que los ingresos de la persona no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Esta disposición alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El texto también mantiene el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles correspondientes a las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A su vez, garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para los titulares de pensiones por discapacidad.

En cuanto al financiamiento, la propuesta determina que los recursos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

Otro de los aspectos contemplados es la implementación de auditorías periódicas, con mecanismos de intercambio de información entre distintos organismos estatales. Para ello, se prevé la articulación de datos de ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Finalmente, a partir de un planteo de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores. Además, fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la futura ley.