El análisis del teléfono celular de Felipe Sosa, conocido como El Militar y acusado del femicidio de Érika Antonella Álvarez, reveló que sus conversaciones por WhatsApp con Justina Gordillo, imputada por encubrimiento, se interrumpieron el 7 de enero, después de la muerte de la joven en una vivienda de Yerba Buena. La ausencia de comunicaciones posteriores despertó sospechas entre los investigadores y llevó a la querella a plantear la posibilidad de que ambos hubieran eliminado mensajes que podrían comprometer su situación judicial.
La información surgió durante el juicio por el crimen de Érika, a partir de la declaración de Javier Hidalgo, perito del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quien examinó los registros digitales recuperados del dispositivo del principal acusado.
Los intercambios incorporados como prueba muestran discusiones de pareja, reproches por presuntas infidelidades, expresiones que los investigadores vinculan con situaciones de violencia de género y conversaciones relacionadas con cuestiones económicas, familiares y empresariales.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que los contactos entre Sosa y Gordillo terminaron precisamente el 7 de enero, mientras que el acusado continuó comunicándose por WhatsApp con Nicolás Navarro Flores hasta el 14 de ese mes, apenas dos días antes de su detención en Buenos Aires.
Carlos Garmendia, abogado de la familia de Érika y representante de la querella, sostuvo que esa diferencia podría explicarse por la eliminación deliberada de conversaciones comprometedoras.
Según su interpretación, los acusados habrían conservado únicamente aquellos intercambios que podían resultar favorables para sus respectivas estrategias defensivas.
El letrado anticipó que durante el debate declararía un especialista para aportar elementos técnicos sobre esa hipótesis, que deberá ser evaluada por el tribunal.
Los mensajes recuperados permiten reconstruir cómo era la relación entre Sosa y Gordillo durante las horas previas a la interrupción de sus comunicaciones.
El primer intercambio destacado por el perito se registró entre las 0.54 y las 0.55 del 7 de enero.
Gordillo expresó su malestar por el trato que recibía de Sosa y manifestó que se encontraba cansada de las mentiras y de las presuntas infidelidades.
También le reprochó que la hubiera hecho sentir despreciada y explicó que había decidido alejarse por una cuestión de respeto hacia sí misma.
Sosa respondió negando haber mentido y asegurándole que quería continuar la relación. Sin embargo, también utilizó expresiones de contenido sexual y tono agresivo.
Para los investigadores, esas comunicaciones resultan relevantes porque permiten observar una relación atravesada por conflictos, reclamos afectivos y comportamientos que podrían constituir manifestaciones de violencia de género.
Pocos minutos después, entre la 1 y la 1.30, la conversación cambió de tema y pasó a cuestiones administrativas.
Sosa le solicitó a Gordillo una fotografía de documentación relacionada con matrículas y cuotas del establecimiento educativo San Patricio, que necesitaba enviar a una profesional identificada como Remis.
La mujer respondió enviándole la imagen solicitada, en la que figuraban dos matrículas y cuatro cuotas de $ 445.000.
El acusado agradeció la colaboración y comenzó a explicarle cómo pretendía presentar información sobre sus ingresos y obligaciones económicas.
En ese contexto, mencionó un conflicto con su ex esposa, a quien responsabilizaba por una situación que consideraba perjudicial para sus finanzas.
Los investigadores interpretaron que ese intercambio demostraba la participación habitual de Gordillo en la organización de asuntos personales y administrativos de Sosa.
También consideraron que las conversaciones podían aportar información sobre las características de la relación y las posibles diferencias de poder entre ambos.
A la 1.33, Sosa profundizó sus instrucciones y le pidió que confeccionara un cuadro con el detalle de sus ingresos mensuales.
Indicó que debía incluir aproximadamente $750.000 correspondientes a su salario y otros ingresos vinculados con su actividad como monotributista, que estimó en alrededor de $3 millones.
También solicitó incorporar los gastos de tarjetas de crédito, las dificultades que atravesaban sus empresas por la ausencia de Florencia, los problemas relacionados con firmas y moratorias y cuestiones vinculadas con un juicio por alimentos.
En esa misma conversación mencionó a una persona llamada Dolores, de quien sostuvo que debería haber iniciado anteriormente una acción judicial por alimentos.
Además, expresó su intención de organizar la documentación hasta fines de febrero para afrontar los trámites pendientes.
Gordillo respondió brevemente que había comprendido las indicaciones.
Para los investigadores, el contenido de estos mensajes constituye otro indicio de que la funcionaria judicial colaboraba con Sosa en la preparación de documentación relacionada con sus asuntos familiares, económicos y empresariales.
La conversación continuó con pedidos de carácter cotidiano.
El acusado le consultó si podía averiguar horarios de atención de un comercio para comprar productos de la marca Saphirus destinados a ambas viviendas.
También le encargó adquirir un elemento ortopédico y una prenda de vestir.
Estos pedidos fueron considerados por los analistas como parte de una dinámica en la que Gordillo asumía distintas tareas personales a solicitud de Sosa.
El intercambio más relevante desde el punto de vista patrimonial se produjo durante la tarde del 7 de enero, alrededor de las 17.51.
En esa oportunidad, Sosa le informó que había hablado con una escribana de apellido Saldarriaga para avanzar en la confección de un poder de administración general a favor de Gordillo.
El documento, según explicó, le permitiría realizar operaciones bancarias y otras gestiones vinculadas con tres de sus empresas, aunque inicialmente quedaría excluida una sociedad por acciones simplificada.
Para completar el trámite, le pidió una fotografía de su documento nacional de identidad.
Sosa justificó la decisión señalando que, mediante ese instrumento, Gordillo podría retirar dinero de una entidad bancaria cuando él no estuviera en condiciones de hacerlo personalmente desde Yerba Buena.
La funcionaria judicial aceptó la propuesta y agradeció la confianza, aunque sugirió dejar constancia escrita de que los fondos pertenecían exclusivamente al empresario.
Sosa respondió que el otorgamiento del poder se basaba en la confianza que mantenían y manifestó que no sospechaba que ella pudiera apropiarse del dinero.
Este intercambio generó interpretaciones contrapuestas entre las partes que intervienen en el juicio.
María Florencia Abdala y Camilo Atim, abogados defensores de Gordillo, consideran que los mensajes respaldan la postura de que su representada no buscaba obtener beneficios económicos mediante las facultades de administración que Sosa pretendía otorgarle.
Desde esa perspectiva, el pedido de documentar la propiedad de los fondos demostraría que la funcionaria judicial procuraba dejar claramente establecida la titularidad del dinero.
La acusación, en cambio, sostiene una interpretación diferente.
Los representantes de la parte acusadora consideran que esas comunicaciones podrían haberse producido después de que ambos recibieran asesoramiento jurídico y plantean que su contenido habría sido elaborado teniendo en cuenta las posibles consecuencias judiciales.
Esa hipótesis se relaciona con las sospechas sobre la desaparición de otros mensajes posteriores al 7 de enero.
Sin embargo, la eventual eliminación deliberada de conversaciones y la finalidad que habrían tenido los intercambios conservados son cuestiones que deberán ser acreditadas mediante pruebas técnicas y testimoniales.
La diferencia con los contactos que Sosa mantuvo con Navarro Flores constituye otro elemento de interés para la investigación.
Mientras las comunicaciones con Gordillo terminaron el 7 de enero, el acusado siguió intercambiando mensajes con Navarro Flores durante una semana más.
Este último fue el primer condenado en la causa por el femicidio de Érika, después de reconocer su participación en maniobras destinadas a encubrir lo sucedido.
Los registros recuperados de esas conversaciones incluyen referencias a encuentros, posibles movimientos del acusado y reclamos económicos, cuestiones que también forman parte del análisis judicial.
La comparación entre ambos conjuntos de mensajes podría contribuir a establecer qué ocurrió después de la muerte de Érika, cómo se relacionaron los involucrados y qué conocimiento tenía cada uno sobre los acontecimientos investigados.
El tribunal deberá evaluar especialmente el alcance de las comunicaciones vinculadas con la administración de empresas, la situación patrimonial de Sosa y las circunstancias en las que Gordillo habría aceptado asumir responsabilidades sobre sus operaciones bancarias.
También tendrá que determinar si la interrupción de los mensajes respondió a una decisión de los involucrados de dejar de comunicarse por esa aplicación o si existieron maniobras destinadas a eliminar información relevante para la causa.
Por el momento, los registros presentados por el perito Hidalgo constituyen elementos de prueba que serán confrontados con las declaraciones de los acusados, los testimonios y las demás evidencias incorporadas al expediente.
La investigación continúa centrada en establecer la responsabilidad de Sosa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez y determinar si Gordillo intervino en acciones destinadas a ocultar información o favorecer al principal acusado después del crimen.












