Denunció a la Gobernadora de Santiago del Estero por el arrebato de una propiedad para construir una cancha de golf en Termas

Un conflicto por una propiedad que fue arrebatada a una familia tucumana para un ambicioso emprendimiento turístico en la ciudad de Termas de Río Hondo desembarcó en la Justicia Federal de Tucumán con una denuncia contra la gobernadora de Santiago del Estero Claudia Abdala, tras una larga pelea judicial que se inició en el gobierno de su antecesor y esposo, el kirchnerista Gerardo Zamora. El caso, incluso, podría estar vinculado con la ruta del dinero k.

Rodolfo Orellana, abogado e hijo de la dueña del inmueble en disputa, Blanca Raquel Aguirre, explicó en diálogo con periódicomóvil.com los detalles del pleito civil que ya llegó a manos del gobierno nacional y tiene la intervención del abogado Bernardo Lobo Bugeau, como veedor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, mientras se espera una sentencia definitiva por parte del juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña.

Concretamente, según el expediente, Blanca Aguirre denunció a la gobernadora Abdala de Zamora y al Estado de Santiago del Estero por la confiscación de un inmueble de 39 hectáreas ubicado en el paraje Costanera, donde actualmente avanza la construcción de una cancha de golf internacional de 18 hoyos, y se proyectaría para el futuro la edificación de dos hoteles.

Los hechos

“El problema empieza en 2006 cuando la empresa Mijovi SRL  retira los postes y los alambres que delimitaban la propiedad para construir una ruta paralela al Río Dulce llamada avenida Costanera.  Para ello, se apropió de 750 metros del área norte de la estancia, frente al río”, precisó Orellana acompañado de su abogada Ana García Mascoff.

Desde entonces la familia de Orellana -que dice tener los títulos de propiedad que datan de 1916- no tuvo paz. “La Policía de la comisaría 40 detuvo a mi tío  (Aldo Aguirre) no menos de 20 veces. A él y a su hijo Horacio los torturaban y  amenazaban constantemente para que dejaran de habitar el inmueble sin reclamar nada”, relató y aclaró que ambos eran quienes cuidaban la propiedad, junto a un casero.

Frente a estos graves hechos de abusos y apremios -contó que su tío tuvo consecuencias en su salud que le causaron la muerte-, Orellana aseguró que no tuvo eco en la Justicia santiagueña. “La Policía jamás nos recibió una denuncia, tampoco la Justicia penal de Termas. Es más, es la jueza del Crimen, Cecilia Vitar, quien con anuencia de la Justicia y obedeciendo órdenes de Zamora mandaba a la Policía y ordenaba retirar los alambres que delimitaban la propiedad sin orden escrita y sin causa, es decir en forma totalmente ilegal y arbitraria”, denunció.

El día negro para la familia propietaria fue el 27 de mayo de 2013, cuando unos 50 policías llegaron armados sin orden judicial alrededor de las 8 de la mañana, y una topadora arrasó con la vivienda, un sembrado y con la vegetación que había en el terreno de 39 hectáreas. “Ese día, llegué a las seis de la tarde para documentar los hechos en el marco de un desalojo inconstitucional, pero ningún escribano quiso ir. Desde entonces nunca más pude entrar al inmueble”, lamentó Orellana.

En el medio del pleito civil, en 2009, el entonces gobernador Zamora había interpuesto una medida cautelar que nunca se cumplió.

 Sospechan de la ruta del dinero k

Orellana y su abogada no tienen dudas de que la empresa Mijovi contaba con el guiño de Zamora para avanzar con la construcción de la cancha de golf en la propiedad privada. Al parecer existiría un parentesco entre los dueños de la firma y el político kirchnerista.  Además, no descartan que se trate de una de las empresas vinculadas a la ruta del dinero k y a las obras públicas manejadas por el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y su segundo, ahora detenido, el tucumano José López. “Aparentemente (Mijovi) era uno de los socios de los negocios que tenía De Vido”, apuntó Orellana, quien resaltó que Termas de Río Hondo se convirtió en una zona muy codiciada por empresas privadas y amigos del poder por su potencial económico a través del turismo.  

Cabe recordar que De Vido está imputado en la Justicia Federal por presuntos sobreprecios en obras millonarias, entre las que figuran las llamadas “Torres Gemelas” en la capital santiagueña y la ampliación del aeródromo de Termas de Río Hondo. Justamente en esta última obra participó la constructora Mijovi.

La causa en Tucumán

Ante los oídos sordos y la “parcialidad” de la Justicia santiagueña, Orellana acudió a la Justicia Federal de Tucumán. Actualmente la causa civil está en manos del juez federal Nº 2, Fernando Poviña, quien en un primer momento se había declarado incompetente pero luego la Cámara Federal de Apelaciones accedió al pedido de los demandantes al admitir que existía una “parcialidad manifiesta” por parte de la Justicia santiagueña, señaló la abogada Mascoff.

 “En Tucumán presentamos una acción de Amparo y una acción de Reivindicación para que el inmueble sea restituido a la posesión de mi madre. Aquí hay un delito de acción continuada, que empezó con Zamora y   siguió con la actual gobernadora Abdala”, puntualizó Orellana.

Ambos letrados aseguraron que actualmente la causa se encuentra paralizada debido a conflictos en la integración del Tribunal de la Cámara de Apelaciones. Además, apuntaron contra el camarista Ricardo Sanjuán. “Sanjuán se tiene que apartar de la causa porque es amigo personal de Zamora. Este es uno de los motivos por los cuales la causa sigue dormida”, lanzó Orellana.

En ese sentido, señalaron que la causa ya debería tener sentencia definitiva. “La gobernadora y el Estado de Santiago ya fueron notificados de la demanda, pero no hubo ninguna contestación, entonces corresponde dar por finalizado el juicio. Ahora es el juez Poviña quien tiene que dictar sentencia”, explicó Orellana.

Cartas a Macri y a Cristina

Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Orellana contó que le enviaron tres cartas documentos a la primera mandataria sin que alguna sea contestada. Tras el cambio de gobierno,  hicieron el mismo intento, el 16 de febrero pasado, con el actual presidente Mauricio Macri. En esta oportunidad, hubo respuestas seis días después y el caso fue remitido al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano.  

Ahora las expectativas de Orellana y su madre están puestas en que el inmueble sea restituido, o se pague una indemnización que podría superar los 3 millones de dólares, es decir el valor que represente la cancha de golf que se construye ahora en el terreno en disputa.

Producción periódistica: Pepa Alabarce y José Inesta