Mariela Alderete
La injerencia de los poderes legislativo y ejecutivo sobre el judicial es uno de los principales problemas que enfrentan los abogados por estos días.
Esta realidad quedó expresada en las palabras del presidente del Colegio de Abogados, Francisco García Posse, en el acto que la institución realizó en su sede para agasajar a los profesionales en su día.
El letrado repasó que, durante los últimos años, el colegio tuvo mucha actividad en la defensa de la independencia la Justicia. "Todavía vemos que hay injerencia de los poderes, no tanto como en otras épocas, pero hay injerencia en el Poder Judicial. Vemos que la linea divisoria no es vista y, en algunos casos, no es entendida npor los poderes públicos", advirtió. García Posse señaló que esa anomalía se ve especialmente reflejada en el fuero penal y el Ministerio Público Fiscal.
El presidente del colegio se excusó de opinar específicamente sobre la reunión que mantuvieron el gobernador Juan Manzur con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, en casa del magistrado. Aseguró que su silencio obedece a que tiene amigos entre los protagonistas del encuentro.
No obstante, sí se expresó en términos generales sobre este tipo de reuniones entre las partes y los magistrados. "Sí puedo decir que las reuniones entre los abogados, entre las partes litigantes y un juez siempre son mal vistas si no son en los ámbitos en que tienen que ocurrir. Sobre todo, teniendo en cuenta que fuera del ámbito de los Tribunales, aparece como la sospecha de que están hablando de cosas propias de algún juicio, de algún caso", analizó.
Ocurre que Gandur confesó que Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el fiscal de Estado, Daniel Leiva, habían ido a hablar sobre la causa que inició el legislador radical Eudoro Aráoz para investigar el destino de los $ 615 millones que repartió la Legislatura durante el período de elecciones de 2015, cuando el actual gobernador era presidente de la Cámara.
"Eso es mal visto, en cualquier caso. Aún con un abogado común y con partes comunes. Pero además hay que mirar no tan sólo quiénes estaban hablando y dónde, sino de qué estaban hablando. Y eso creo que pone las cosas en otra dimensión", remarcó.
"Para un abogado litigante común si descubre que el juez y el abogado de la contraparte están en la casa del juez, hablando de su propio juicio, por supuesto que es una situación que va más allá de la molestia: incurre . Objetivamente es incorrecto y se debe evitar. Cuando se hace público que se está hablando de algo que es grave, que es muy importante para las partes y, sobre todo, para el contexto social y político, la cosa es más grave e importante", subrayó García Posse.
"En todos los casos se deben evitar estos contactos, pero más cuando está en juego algo que, evidentemente, a toda la sociedad le interesa", destacó el letrado.
Finalmente, García Posse cuestionó la permanencia de Edmundo Jiménez como ministro Fiscal, luego de que la Legislatura desestimara un pedido de juicio político promovido por el Colegio de Abogados. Aseguró que el funcionario, junto a un grupo de funcionarios, mantiene cooptado el fuero penal y actúan de manera corporativa para garantizarse impunidad. Remarcó que el archivo del pedido de juicio político dejó al descubierto "un circuito de impunidad recíproca entre el poder político y el ministerio público".
