Manzur pidió comprar un helicóptero de $ 119 millones con urgencia y sin licitación

Sin licitación y con urgencia. En estas condiciones, el gobernador Juan Manzur pidió a la Legislatura que lo autorice a comprar un helicóptero por un monto total de U$S 7,99 millones (unos $ 119 millones) antes del 5 de diciembre.

En un escrito que lleva su firma junto a la del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Regino Amado, el primer mandatario argumentó que la provincia necesita un segundo helicóptero y que, tras largas averiguaciones, consiguió un buen precio. Sin embargo, no puede someter la compra a un proceso de licitación porque, asegura, la oferta vence dentro de menos de un mes, según publicó el sitio de noticias las4avenidas.com

En el proyecto, el PE asegura que sólo dos empresas ofrecen naves de las características requeridas por la provincia: Airbus Helicopters, que propone un precio mucho más elevado (U$S 11,76 millones) y asegura la entrega para dentro de seis meses, y la firma elegida, Bell Helicopter España, que puede entregarla en sólo cinco.

En tanto, en la Legislatura parece que el pedido de Manzur corre sobre rieles. Esta semana, el secretario General de la Gobernación, Pablo Yedlin, se encargó de presentar el proyecto ante el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, Juan Antonio Ruiz Olivares, quien adelantó que este tema será tratado en la próxima sesión, cuando se debata el proyecto de Presupuesto 2017.

“Hemos recibido con beneplácito este proyecto ya que nuestro aeropuerto estará cerrado durante casi seis meses dentro de poco por mejoras sustanciales importantes para que pueda recibir vuelos internacionales; y esto hace aún más necesario un helicóptero apto para seis pasajeros para cubrir las necesidades de la población, especialmente en cuanto al traslado de pacientes a aeropuertos habilitados mientras esté cerrado el nuestro”, sostuvo el oficialista Ruiz Olivares, luego del encuentro con Yedlin.

En el escrito, presentado el 14 de noviembre pasado, el PE argumenta la adquisición de otro helicóptero para cubrir necesidades sanitarias, de seguridad y de defensa civil.

Según se detalla, la oferta expira el 5 de diciembre. El día en que se celebre el contrato entre el Poder Ejecutivo y la empresa que tiene domicilio en Texas, Estados Unidos, Tucumán deberá pagar un adelanto del 15%, es decir U$S 1,19 millón (equivalente a casi $ 18). El resto, unos U$S 6,79 millones (cerca de $ 101 millones ) deberá abonarse cuando el helicóptero sea entregado, cinco meses después.

El escrito no indica por qué es tan corto el plazo de expiración del presupuesto ni cuándo fue solicitado.

Promesas incumplidas

El sitio informativo recuerda que hace poco más de un año, Pablo Yedlin prometió que iba a generar una página web para que cualquier ciudadano tucumano pudiera controlar, en tiempo real, dónde estaba cada una de las naves de la flota aérea de la provincia: los dos aviones sanitarios y el helicóptero. Sin embargo, desde que asumió como secretario General de la Gobernación, ese compromiso cayó en el olvido.

Abunda más y detalla: “En aquellos días, el anuncio había sido formulado tras una serie de reclamos que habían cobrado estado público, como el de un bebé que necesitaba viajar al Hospital Garrahan y el de una madre que no tenía dinero para traer desde Buenos Aires el cuerpo de su pequeña hija, recién fallecida. Semanas más tarde, también se supo que el senador José Alperovich (denunciado penalmente por el presunto uso discrecional del avión sanitario), volvió a utilizar la nave para viajar a la Capital, después de haber dejado de ser gobernador”.

La ley no se toca

Por último, la página de noticias online también trae a la memoria un proyecto que presentaron legisladores radicales para modificar la ley 8.350 que reglamenta desde 2010 el uso de las aeronaves de la provincia.

Esa norma establece que serán usadas para transporte de enfermos, servicios asistenciales y sanitarios, para búsqueda y rescate de personas, para asistencia en casos de catástrofes y traslado de órganos para trasplantes.

Sin embargo, también establece que serán utilizadas para los viajes del Gobernador, sus acompañantes, funcionarios, legisladores nacionales y provinciales, autoridades de otras provincias, empleados públicos y personas contratadas por el Estado en misión oficial.

Más adelante, habilita a viajar a personalidades de la cultura, la ciencia, la producción, el turismo, el deporte o cualquiera vinculado a una actividad declarada de interés provincial. Para determinarlo, sólo hace falta que el Poder Ejecutivo lo disponga.

En diciembre del año pasado, legisladores radicales presentaron un proyecto para modificar esa ley y limitar el uso de las aeronaves a las necesidades sanitarias, de asistencia y las misiones oficiales del gobernador. Sin embargo, la iniciativa firmada por José Canelada, Eudoro Aráoz y Adela Estofán no tuvo eco en la Legislatura.