Un trago amargo para Córdoba

La pelea entre el gobierno provincial, industriales y cañeros tucumanos y la municipalidad de Córdoba por la ordenanza antiazúcar tuvo el primer pronunciamiento de la Justicia Federal de Tucumán.

El juez federal N°1 de Tucumán, Daniel Bejas, hizo lugar al pedido en conjunto del gobierno provincial, distintas entidades de la industria y de los gremios del azúcar para que se suspenda la ordenanza que limita el uso del azúcar en los bares y restaurantes de la capital cordobesa.

Concretamente, en su fallo, el juez Bejas hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a la Municipalidad de Córdoba que disponga la “inmediata”suspensión de la aplicación de la ordenanza Nº 12696  hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

En su escrito, el magistrado alertó que  de llevarse a la práctica mientras se discute la cuestión de fondo, "podría configurarse una lesión de carácter irreparable para los derechos de incidencia colectiva involucrados en la presente controversia (derecho a la salubridad pública, a ejercer toda industria lícita, derecho a la igualdad de los consumidores, derecho al comercio, etc.)".

Como el azúcar es un alimento aprobado por el Código Alimentario de la Nación, según el juez Bejas, "la ordenanza cuestionada –dictada en ejercicio de facultades concurrentes en materia de la salubridad pública-, presuntamente se apartaría de ese marco de regulación nacional, lo que generaría un conflicto entre la norma municipal y la federal, por lo que concluyo que en el caso se encuentra presente el recaudo de verosimilitud del derecho".

La presentación fue realizada ante la Justicia Federal de Tucumán, luego de que el 7 de setiembre pasado el Concejo Deliberante de Córdoba capital aprobara la polémica norma.

Alivio tucumano

La decisión del juez Bejas fue celebrada tanto en el ámbito del gobierno como en el sector industrial.  El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández, manifestó su satisfacción “por el hecho de que un sector tan importante como la industria azucarera, en conjunto con el Gobierno de la Provincia hayan reclamado y se haya solucionado satisfactoriamente”.

Por otro lado Fernández advirtió que en caso de que en otro municipio pretenda tomar la misma decisión (La Rioja estudia la posibilidad de sancionar una ordenanza similar) “actuaremos de la misma manera porque disminuir el consumo de azúcar no hace que mejore la calidad de vida de la gente. No hay una correlación entre una cosa y la otra”.

 “Ahora hay que esperar qué posición toma la municipalidad de Córdoba. Este es un proceso que continuará abierto el tiempo que sea necesario. Estamos seguros que nos asiste el derecho: es una cuestión de mucha incidencia para Tucumán y las economías regionales. Por eso estamos decididos a defender a todo lo que signifique beneficioso para la provincia”, dijo, por su parte, el Fiscal de Estado, Daniel Leiva, en declaraciones al sitio oficial comunicaciontucuman.gob.ar.