El juez Bonadio intervino las empresas de Cristina y la sucesión de Néstor Kirchner.
También solicitó interventores en las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. Máximo Kirchner fue removido como administrador de la sucesión familiar.
El juez federal Claudio Bonadio dispuso hoy la intervención de la empresa "Los Sauces", de la que es socia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de la sucesión de Néstor Kirchner, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de lavado de dinero y cohecho con empresarios ligados a la obra pública durante el kirchnerismo.
En el auto emitido hoy, el magistrado también aparta a Máximo Kirchner de la administración de la herencia familiar. Además, Bonadio solicita que se designe "interventores informantes" por seis meses para las empresas Grupo Indalo e Indalo Media, de Cristóbal López, y Grupo Baez, de Lázaro Báez.
Estos, tendrán la tarea de estudiar "toda transferencia o pago efectuado o recibido" desde esas empresas a Los Sauces, a sus socios (Cristina, Máximo y Florencia Kirchner) "que acredite o demuestre relaciones comerciales o jurídicas entres las mencionadas", según enuncia la medida judicial.
La resolución del juez detalla que "se advirtieron gran cantidad de vinculaciones comerciales y/o financieras y/o laborales entre la familia Kirchner -dueña de Los Sauces- y empresas del grupo de Lázaro Báez, de Indalo propiedad de Cristóbal López y Fabián De Souza y del grupo de Osvaldo Sanfelice -exsocio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios-".
Asimismo, para Bonadio es evidente "el entrecruzamiento comercial, financiero y jurídico entre los imputados o sus sociedades donde nos podríamos encontrar con actos de lavado de activos de origen ilícito, y que es necesario desentrañar a fin de verificar los extremos de la denuncia, sus ampliaciones y los requerimientos fiscales".
La causa "Los Sauces" surgió tras una denuncia realizada por la diputada Margarita Stolbizer contra Cristina Kirchner y sus hijos, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos relacionados con negocios irregulares con empresarios de la construcción.
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