


El juez Bonadio intervino las empresas de Cristina y la sucesión de Néstor Kirchner.
También solicitó interventores en las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. Máximo Kirchner fue removido como administrador de la sucesión familiar.
Política15/12/2016

El juez federal Claudio Bonadio dispuso hoy la intervención de la empresa "Los Sauces", de la que es socia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de la sucesión de Néstor Kirchner, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de lavado de dinero y cohecho con empresarios ligados a la obra pública durante el kirchnerismo.
En el auto emitido hoy, el magistrado también aparta a Máximo Kirchner de la administración de la herencia familiar. Además, Bonadio solicita que se designe "interventores informantes" por seis meses para las empresas Grupo Indalo e Indalo Media, de Cristóbal López, y Grupo Baez, de Lázaro Báez.
Estos, tendrán la tarea de estudiar "toda transferencia o pago efectuado o recibido" desde esas empresas a Los Sauces, a sus socios (Cristina, Máximo y Florencia Kirchner) "que acredite o demuestre relaciones comerciales o jurídicas entres las mencionadas", según enuncia la medida judicial.
La resolución del juez detalla que "se advirtieron gran cantidad de vinculaciones comerciales y/o financieras y/o laborales entre la familia Kirchner -dueña de Los Sauces- y empresas del grupo de Lázaro Báez, de Indalo propiedad de Cristóbal López y Fabián De Souza y del grupo de Osvaldo Sanfelice -exsocio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios-".
Asimismo, para Bonadio es evidente "el entrecruzamiento comercial, financiero y jurídico entre los imputados o sus sociedades donde nos podríamos encontrar con actos de lavado de activos de origen ilícito, y que es necesario desentrañar a fin de verificar los extremos de la denuncia, sus ampliaciones y los requerimientos fiscales".
La causa "Los Sauces" surgió tras una denuncia realizada por la diputada Margarita Stolbizer contra Cristina Kirchner y sus hijos, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos relacionados con negocios irregulares con empresarios de la construcción.


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