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El Gobierno nacional avanzó un paso más en su agenda de transformaciones estructurales con la presentación del informe final del Consejo de Mayo, cuyos trabajos fueron expuestos este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada. El cuerpo asesor, convocado por el presidente Javier Milei, delineó ocho propuestas que serán traducidas en proyectos de ley y enviados al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. Entre los ejes más relevantes figuran la modernización laboral, la reforma tributaria y nuevas pautas de funcionamiento para el Estado.
Según detalló Adorni, el informe reúne los consensos alcanzados en los debates del Consejo y también incorpora las sugerencias que no lograron respaldo mayoritario, las cuales estarán disponibles en el sitio oficial del Gobierno. El funcionario subrayó que los lineamientos buscan “sentar bases para un país más competitivo”, entre ellos la defensa de la propiedad privada, el equilibrio de las cuentas públicas, la reducción del gasto estatal, la actualización del sistema educativo y previsional, una nueva estructura impositiva y la ampliación de la inserción argentina en los mercados internacionales.
Entre las iniciativas destacadas figura una propuesta de modificación a la Ley de Expropiaciones, que fija como criterio de indemnización el valor de mercado previo al anuncio de la medida, actualizado por inflación y determinado por peritos independientes. También se contempla una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que buscará prohibir el déficit del presupuesto nacional y penalizar el uso de fondos sin autorización legislativa. Adorni recordó que el gasto consolidado de 2024 cayó del 42% al 31% del PBI y que el Gobierno pretende sostener esa tendencia mediante reformas estructurales.
En el capítulo educativo, el Consejo planteó un esquema que cede mayor margen de acción a las provincias y a los establecimientos escolares, mientras que el Estado nacional fijará contenidos mínimos comunes. En paralelo, la reforma tributaria impulsada por el Ministerio de Economía incluye modificaciones al Régimen Penal Tributario —conocido como “Inocencia Fiscal”— y un sistema simplificado para el Impuesto a las Ganancias en el que la AFIP completará la declaración en nombre del contribuyente. Además, el documento aborda cambios en la Ley de Glaciares y un paquete de modernización laboral que, entre otros puntos, elimina normativas consideradas desactualizadas, como la Ley de Teletrabajo.
Durante la elaboración del informe, Adorni mantuvo una reunión final con cinco de los seis consejeros del Consejo de Mayo: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador mendocino Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini. Todos participaron de la revisión técnica del documento antes de su publicación. Quedaron pendientes, sin embargo, dos temas clave: la coparticipación, que requiere la presencia de todos los gobernadores, y la reforma previsional, supeditada al avance de la modernización laboral.
El único ausente en la última mesa de trabajo fue el titular de la UOCRA, Germán Martínez, quien se retiró de la discusión tras expresar su rechazo a la posibilidad de limitar las cuotas solidarias en el marco de la reforma laboral. El planteo generó tensión con la CGT y dejó en evidencia las diferencias internas sobre el alcance de los cambios propuestos. Pese a ello, el Gobierno anticipó que incluirá las posturas disidentes en el documento final, que acompañará el paquete de proyectos que el presidente Milei presentará como reformas de “tercera generación”.
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