Liberaron a un preso por narcotráfico que trabajaba para un concejal de Monteros

Raúl Nicolás Romero, de 33 años, quien estaba preso por narcotráfico y había declarado ante la Justicia que trabajaba para un concejal de la ciudad de Monteros, fue liberado por orden del juez federal N°1 de Tucumán, Daniel Bejas, en un fallo firmado el 4 de diciembre del año pasado.

La medida fue rápidamente apelada por el fiscal General Federal, Gustavo Gómez, quien pidió a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que revoque la resolución que concedió la excarcelación y ordene la inmediata detención de Romero.

Además de calificar la resolución de “arbitraria”, Gómez solicitó en su escrito que se “instrumenten las medias probatorias a fin de determinar la existencia del vínculo político denunciado por Romero, y para el caso, su incidencia en la actuación de la organización criminal investigada” en la causa.

Romero está imputado por el delito de tenencia de estupefacientes para su comercialización (art. 5º inc. c de la Ley 23.737), delito que prevé una pena de cuatro a quince años de prisión. “Las constancias del expediente principal brindan elementos suficientes como para sostener que Romero es un vendedor de estupefacientes. Esta actividad ilícita fue llevada adelante con el accionar coordinado de personas en Monteros y en la ciudad de Famaillá”, detalló el fiscal Gómez en su escrito presentado a la Cámara Federal de Apelaciones este 13 de febrero.

A esto se suma que el mismo Romero, en su declaración indagatoria de junio de 2018, había mencionado su vinculación con un concejal del municipio de Monteros, en el sur de la provincia. “Yo trabajo en tiempo de cosecha en negro y en una gomería frente a mi casa, y también para un concejal de nombre Julio Chico, le hago trámites”, se reproduce en el escrito formal del fiscal Gómez.

“Esta cuestión no es menor si se recala en que las investigaciones de tráfico de estupefacientes donde están involucrados funcionarios públicos tienen una envergadura que se diferencia de las causas “comunes”. La potencialidad de la existencia del vínculo político es otro elemento que se suma para sostener el argumento de este Ministerio Público Fiscal para impulsar la revisión y el dictado de una nueva sentencia que deje sin efecto la excarcelación otorgada a Romero”, alertó el fiscal.

En ese sentido, Gómez cuestionó el accionar del juez que liberó a Romero, por carecer de fundamentos sólidos para justificar su decisión y por no ahondar sobre el vínculo laboral que indicó el mismo imputado con un edil.

La causa se había iniciado en 2014 con la recepción de una denuncia anónima manuscrita, en el marco del programa “Campaña por la vida”. En la denuncia se hacía referencia a la actividad ilícita de venta de drogas que se realizaba en calle 24 de Septiembre de la ciudad de Monteros. Ello motivó una serie de medidas investigativas que terminó con varias personas detenidas y luego procesadas por venta de drogas, entre las que se encontraba Romero.