"Obligar a una niña a continuar con un embarazo configura un caso de tortura para el Derecho Internacional"

Luego de conocerse la denuncia penal que realizó la Diputada Nacional María Teresita Villavicencio contra la Fiscal especializada en homicidios Adriana Giannoni por sus actuaciones en el caso Lucía, abogadas de Andhes y CLADEM brindaron esta mañana una conferencia de prensa para aclarar la situación de la niña a la que le realizaron una cesárea luego de manifestar su decisión de interrumpir el embarazo.

“En primer lugar, queremos señalar que el caso de Lucía configura un caso de tortura. Haber obligado a la niña a continuar con su gestación cuando ella había manifestado que ese no era su deseo constituye una tortura conforme al derecho internacional. En este sentido, obligar y demorar la gestación implica un trato cruel, inhumano y degradante”, sostuvo Florencia Vallino, abogada de la ONG Andhes, que acompaña legalmente a la familia de la niña.

La abogada contó que al momento de tomar conocimiento del caso y contactarse con la familia de Lucía (nombre ficticio con el que se conoce a la víctima para preservar su identidad), se percataron de una serie de irregularidades que se estaban cometiendo desde el sistema de salud en cuanto a la aplicación del protocolo ILE. La letrada, en contraposición a lo manifestado por las autoridades del Siprosa, aseguró que la niña había manifestado desde un primer momento y en reiteradas ocasiones su decisión de interrumpir la gestación. “Lucía manifestó con claridad desde el momento inicial su voluntad de interrumpir el embarazo, lo hizo tanto frente a la justicia como ante diferentes autoridades del sistema de salud. A esto se suma el hecho de que la familia no contaba con información que le permitiera acompañar de una mejor manera el deseo de la niña de cesar con la tortura a la que estaba siendo sometida”, fustigó.

“Además de la desinformación, de la que hacemos responsable a las autoridades del Siprosa, también se produjeron una serie de dilaciones que buscaban retrasar la ILE, obligando a la niña a continuar con la gestación, desconociendo su condición de sujeto de derecho”, indicó Vallino.

Consultada sobre la decisión de la niña de interrumpir la gestación, Vallino explicó que el protocolo ILE prevé que las niñas menores a 14 años, luego de manifestar su voluntad respecto al futuro del embarazo, sean acompañadas por un adulto en la decisión que tomen. En los casos en que exista un conflicto de intereses, el sistema de salud pública debe poner a disposición de la niña un acompañante médico que acompañe su voluntad. Sin embargo, la abogada remarcó que la niña tiene derecho a opinar, a participar, a ser escuchada y a que su decisión sea tenida en cuenta.

Por otro lado, la abogada aportó un dato desconocido hasta el momento. Cuando se encontraban acompañando a la familia, dijo, las autoridades del sistema de salud quisieron darle al alta a la niña para que se fuera del hospital, “para evadir sus responsabilidades en cuanto al acceso integral de la salud para la niña”, denunció. Y continuó “nosotros planteamos que ese no era el procedimiento que prevé el protocolo ILE, que en ese caso, cuando ningún profesional de la institución quiere realizar la práctica, lo que correspondía era convocar a profesionales externos, que fue finalmente lo que sucedió”.

La abogada aseguró que la niña fue objeto de presiones y manipulaciones que tenían como fin último modificar su deseo de interrumpir el embarazo. “Autoridades del sistema público de salud tuvieron contacto directo con la niña buscando incidir en su decisión de no continuar con ese embarazo no deseado”, declaró.

Fernanda Fernández, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, contó que esta  mañana el Frente Patria Grande presentó una denuncia en Comodoro Py contra el Estado tucumano por sus actuaciones en el caso Lucía. Además, manifestó que desde la Campaña Nacional acompañan la denuncia de la Diputada Villavicencio contra la fiscal Adriana Giannoni.

Por su parte, Luciana Gramaglio, abogada integrante de CLADEM (Comité Latinoamericano por la Defensa de los Derechos de las Mujeres) exigió que el Estado tucumano se haga responsable por las actuaciones de los profesionales del sistema de salud, que garantice que estos casos no volverán a repetirse y que se haga una reparación integral a Lucía por todos sus derechos vulnerados.

“La desinformación es el mecanismo que utilizó el sistema de salud para dilatar la aplicación del protocolo de interrupción del embarazo. El Estado Argentino ya fue condenado en el caso ‘LMR vs Argentina’ por haber obstaculizado una Interrupción Legal del Embarazo a una mujer que terminó abortando en la clandestinidad”, aseveró Gramaglio.

La abogada de CLADEM indicó que todavía se están evaluando las denuncias que presentarán, pero apuntó contra las autoridades del Ministerio de Salud, a quien responsabilizó de haber difundido datos privados de la niña.

“La prioridad es que Lucía pueda recuperar su día a día, su cotidianeidad, y se puedan reparar sus derechos vulnerados”, concluyó Florencia Vallino.