Las empresas de alimentos de consumo masivo Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian fueron imputadas por la Secretaría de Comercio Interior tras verificarse una reducción en la producción y distribución de alimentos.
De acuerdo a la resolución 100/2020, que establece el marco legal para la implementación del programa Precios Máximos, las empresas deben aumentar la producción y asegurar la distribución. Sin embargo, un comunicado oficial explica que estas firmas “habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”.
Esta resolución establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos y “tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento”.
“Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos”, indicó el área que conduce Paula Español.
Las imputaciones establecen que las compañías “en el plazo perentorio de 5 días hábiles acredite ante la Subsecretaría de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma” y se les requiere “que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”, según precisó Comercio Interior.
A pesar de la mejora, casi 18 millones de argentinos siguen en situación de vulnerabilidad. La indigencia, en tanto, alcanzó al 8,2% de la población.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la toma de posesión de 100 hectáreas, para la construcción de viviendas en la provincia.
