¿Quiénes elaboran las listas de la administración de vacunas en el sistema sanitario?

Las posibles irregularidades detectadas por el periodismo motivaron denuncias de diversa procedencia ante la Justicia Federal para conocer los listados de inmunización, mientras desde el Ministerio de Salud se dio plazo a los directores de hospitales hasta el lunes 8 para presentar un informe

Una investigación de Periódico Móvil comenzó a desenmarañar una madeja en la que la punta tenía el nombre de un Secretario de Estado en el Ministerio de Desarrollo Social, hijo de un colaborador estrecho de la mInistra de Salud de la provincia, Rossana Chahla. Pocas horas después de aquel 27 de febrero, el rumor acerca de un nuevo integrante y también funcionario provincial de alto escalafón sería confirmado: José Antonio (39) y Javier Gustavo Gandur (38) recibieron las dosis que pudieron haber recibido adultos mayores y personal sanitario que se desempeña en la primera línea de los centros de atención a contagiados de COVID-19. Y se sumó Iliana Emilce Gandur (36), hermana de los anteriores -ex responsable de Prensa de la cartera sanitaria- quien desde mediados del 2020, en pleno ASPO, fue reasignada sin detalle de funciones en la Casa de Tucumán en Buenos Aires.

Con el "Vacunatorio VIP" que provocó la eyección del Ministerio de Salud de la Nación a Ginés González García, en Tucumán se creyó que el alineamiento con las directivas que siguieron allí serían similares, pero no sucedió así.

A partir de entonces el malestar generó que miembros de la Legislatura tucumana pasaran de las denuncias mediáticas a la Justicia para exigir la entrega de los listados a través de los cuales se regían los procedimientos y las dosis. También un ex director de Salud de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Eduardo Gómez Ponce solicitó el último jueves una investigación judicial, ante la defensa de la aplicación de inmunizaciones a José Antonio Gandur (h por parte del gobernador Juan Manzur. 

"Estamos bien los 17"
La ministra brindó una definición que en la provincia generó rechazo de una parte de los legisladores y un amplio sector de la sociedad a través de las redes sociales, cuando justificó y defendió su decisión de inocular a sus más cercanos colaboradores sobre las prioridades establecidas. La polémica lista de 17 administrativos, mozos, fotógrafo, periodistas y choferes de la burbuja sanitaria autorizada por y para la ministra fue una cachetada  para el personal del SIPROSA. Los términos "inmoral" y "decisión discrecional" resonaron como una letanía ante trabajadores que podían cumplir los protocolos establecidos en caso de dar positivos y disponer eventualmente del 60% del personal no asistencial del Sistema para sus tareas de apoyo. No así los médicos y profesionales asistenciales que escasean y aún hoy , muchos sin remplazar por fallecimiento. 

Pasando listas
En las últimas horas corrió el rumor de un pedido urgente de la propia ministra Chahla, en el que emplaza a los directivos de los hospitales donde se efectuaron las inmunizaciones a presentar un informe detallado acerca de cómo se aplicaron al personal, a fines de presentar un resumen "consolidado" a la Justicia. 

Llama la atención el requerimiento: las listas que reciben en los nosocomios son remitidas, con el aval de la superioridad, desde el área de Informática y Comunicaciones del Sistema Provincial de Salud y se elaboran junto a Recursos Humanos ya que ambos cuentan con la base de los 17 mil empleados del SIPROSA, entre médicos, psicólogos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, enfermeros, administrativos, de mantenimiento, choferes del 107 y agentes sanitarios.  Por ello, en ciertos hospitales causó estupor el rumor acerca de algunas listas donde habría hasta personal fallecido. 

Cabe entonces destacar que por el momento la provisión de las listas sería de manera estándar: un archivo digital y seguramente versiones impresas. Aunque tratándose de sistemas informáticos y un volumen importante de datos a analizar y verificar, sorprende que no se solicitara en las medidas cautelares un veedor y un experto informático.

El procedimiento que hoy difunde la propia cartera de Salud detalla "el envío a una casilla de correo oficial de un archivo con la base de datos del personal a vacunar de todas las áreas de la institución y el inicio de un expediente en el SIPROSA donde esa base de datos debe presentarse impresa en papel, firmada y sellada por la autoridad de la institución, avalando que los empleados que figuran en el listado pertenecen a la misma".

Por lo bajo hay quienes sospechan que esta es una forma de deslindar responsabilidades en ellos, cuando en realidad no se lleva adelante nada por afuera de lo que les llega por los canales habituales.


Hasta hoy se llevan vacunados aproximadamente el 70% de personal sanitario del sector público y 5.000 trabajadores de la salud del sector privado. Y algunos funcionarios.