El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley "Emergencia Covid"

Este lunes el Gobierno Nacional envió al Senado un  proyecto de ley para regular las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. La propuesta del oficialismo fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara alta.

Mientras el país atraviesa la segunda ola de Covid-19, se espera un tratamiento urgente de la Ley, ya que pretende la entrada en vigencia "desde el 22 de mayo", fecha de caducidad del actual DNU, y que su duración alcance hasta el 31 de diciembre de 2021, cuando vence la actual Ley de Emergencia Sanitaria.

La propuesta del Ejecutivo propone "reglas generales para todo el país en las que se incluyen medidas de prevención, como uso obligatorio de barbijo, ventilación; y luego, la segmentación por riesgo epidemiológico".

En las zonas de bajo riesgo, "se aplican las conductas generales de prevención". En lugares designados como "riesgo medio", aparecen otras restricciones como las reuniones en casas particulares.

Para las zonas de alto riesgo se agrega por ley, la "prohibición de las reuniones familiares, el cierre de salones de fiesta y de salones gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos, reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación".

"También se plantean medidas adicionales por parte de los gobernadores. Si las medidas no funcionan tras 21 días, se da potestad al Gobierno nacional para tomar medidas para evitar pasar a alerta", señalaron fuentes oficiales.

El estado de "alarma" puede derivar en la saturación del sistema sanitario. "Ante ese escenario, se adoptan las siguientes medidas: cierres de ferias y shoppings, circulación limitada a partir de las 20", indicaron fuentes gubernamentales.

En ese marco, es "el Poder Ejecutivo quién está autorizado a tomar medidas adicionales", entre ellas, que "quede suspendida la presencialidad hasta que se pase a un estado inferior" de peligro.

Dichas medidas excepcionales deberán disponerse de manera "razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores y con el Jefe de Gobierno" de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, destacaron que las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización, mientras que las del Poder Ejecutivo "se encuentran condicionadas a la previa consulta con las autoridades jurisdiccionales".