ANDHES se presentó como querellante en la causa del joven torturado por un policía

La organización de derechos humanos se presentó como querellante ante la Fiscalía de Instrucción de 1ª nominación, en el marco de la causa del joven torturado en la Comisaría de Villa Obrera (Tafi Viejo, Tucumán), y que tomara trascendencia pública mediante la viralización de un video el pasado 16 de septiembre del presente año.

Desde la ONG comentaron la importancia de que la Justicia sancione a los responsables del hecho, enmarcando sus conductas en la figura de tortura prevista en el Código Penal. Además, explicaron que la presentación “se enmarca en la campaña Reforma Policial YA! que entre sus principales propuestas, plantea la necesidad de la inmediata erradicación de la violencia institucional”.

En relación a los hechos que muestra el video, desde andhes expresaron que “conductas similares ocurren diariamente contra jóvenes de diferentes barrios, sin que existan cámaras que lo registren ni autoridades estatales que actúen de contralor de la conducta de sus agentes”.

“La tortura ha tenido distintas manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad”, manifestaron desde el área de Seguridad y DDHH deandhes. “Ha sido vinculada como neto instrumento de adoctrinamiento social e imposición ideológica, como medio de sometimiento colectivo demostrativo de poderío colonial y de conquista, o ha funcionado a modo de eje central del procedimiento penal, sea como medio para obtener elementos de prueba o bien como modalidad punitiva en sí misma”, remarcaron.

Ana Laura Lobo Stegmayer, Directora Ejecutiva de andhes, expresó que “situaciones como las que vivió la victima del video, deben alertar al Estado de la urgencia en la reglamentación de la Comisión Provincial de Prevención Contra la Tortura, cuya ley fue aprobada hace más de dos años por la Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo”.

Finalmente, Lobo Stegmayer insistió que para la erradicación total de la violencia institucional “hace falta una reforma integral de la política pública de seguridad, que debería implicar, entre algunas cuestiones, la redefinición del modelo institucional policial (vertical, reactivo y represivo) en sintonía con un Estado democrático, junto con la reforma curricular y el modelo pedagógico utilizado en la formación policial; la creación de oficinas internas de control civil del desempeño de la tarea policial; la articulación de la institución policial con otras agencias del estado; la reforma de la Ley de Contravenciones Policiales y la reforma de la Ley Orgánica de la Policía”.

Fuente: ANDHES