En medio de la cruzada de Javier Milei para achicar el déficit fiscal, el Gobierno anunció que eliminará más de 120.000 pensiones por invalidez laboral, con el objetivo de depurar el sistema y eliminar presuntas irregularidades detectadas en la concesión de estos beneficios.
La decisión surgió a partir de un profundo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad. El organismo, a cargo de Diego Spagnuolo, indicó que la medida afectará a poco menos de la mitad de los beneficiarios registrados que "no cumplirían" con los requisitos mínimos para acceder a la asistencia estatal.
Se estima que entre 120.000 y 160.000 pensiones podrían ser suspendidas en los próximos meses, en una medida que no solo busca asegurar que solo aquellos que necesiten el apoyo continúen recibiéndolo sino también esclarecer los casos que presentan irregularidades, como aquellos que tengan bienes no declarados, empleo formal o documentación sospechosa.
La decisión, en tanto, forma parte de la intención del Gobierno de sostener el superávit a partir de la depuración y reducción de pagos de prestaciones a la seguridad social, lo que significó el grueso del ajuste implementado por el presidente Milei desde que asumió en diciembre pasado.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en colaboración con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, comenzó una exhaustiva revisión de aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. El proceso, que comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se está extendiendo a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.
Las auditorías revelaron que entre el 30% y el 40% de los casos revisados podrían resultar en la suspensión de los beneficios otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Estas pensiones representan el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina, y su revisión se intensificó en los últimos meses debido a la detección de irregularidades, según trascendió.
Las decisiones para la suspensión de pensiones se basan en irregularidades identificadas en la concesión de estos beneficios durante administraciones anteriores. Una revisión preliminar de 2.559 casos reveló que solo el 7% de ellos cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión.
Entre las irregularidades detectadas se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de radiografías repetidas en múltiples expedientes y la concesión de pensiones a personas que no cumplen con los criterios de invalidez laboral. Además, se encontraron incompatibilidades significativas en aproximadamente el 35% de las pensiones otorgadas, tales como la posesión de bienes no declarados, empleo formal y condiciones médicas que no justifican la invalidez.
Los afectados por esta medida serán aquellos beneficiarios que no cumplan con los requisitos establecidos para recibir una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Este tipo de pensión está destinado a personas que, debido a problemas de salud o vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos.
Además, desde el Gobierno destacaron que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios estatales, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
Entre los principales afectados se encuentran aquellos cuya condición de salud no justifica la pensión, quienes poseen bienes significativos o quienes tienen un empleo formal. También se revisarán casos en los que la documentación para justificar la discapacidad sea sospechosa o fraudulentamente presentada. /Perfil
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