Tres acusados por la venta de alimentos robados a Desarrollo Social recibieron una mala noticia

Los tres acusados por la venta de mercadería salida ilegalmente de los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia borraron la sonrisa de sus rostros cuando pasaron de estar al borde del sobreseimiento, a un nuevo escenario de complicación judicial.

La jueza de impugnación Laura Julieta Casas, quien encabezó la última audiencia que los convocó, decidió revocar lo dispuesto por el magistrado de primera instancia Federico Moeykens, atento al vencimiento de los plazos para la investigación penal preparatoria.

Se trata de los sospechosos Hugo Adrián Juárez, Ivana Vanesa Sánchez y Juan Ernesto Juárez.

También a pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que maneja Mariana Rivadeneira, con la asistencia de Brenda Deroy, la jueza ratificó que el trámite debe ser considerado y tratado como un asunto complejo.

A partir de esto y siguiendo lo dispuesto por el Código Procesal Penal de  Tucumán (CPPT), se prorroga hasta dos años el plazo para la investigación penal preparatoria, con la chance de hasta un año más de prórroga.

El proceso tuvo su origen en enero de este año, tras la denuncia del ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, quien expuso desvíos en lotes de alimentos destinados a cooperativas de trabajo, comedores y merenderos comunitarios.

Se realizaron allanamientos y arrestos que, aunque no dejaron detenidos en la actualdiad, si pusieron en la mira a seis sospechosos: los Juárez y Sánchez (defendidos por Gustavo Morales), Marcos Eduardo Soria (representado por Patricio Char), Lucas Matías Orrillo (patrocinado por Marcela Ledesma e Iván Escobedo) y Rosa Margarita Ibáñez (por Agustina Recalde).

En la  audiencia que se desarrolló en agosto, Morales había advertido sobre el vencimiento del plazo de seis meses previsto por la normativa procesal para la investigación penal preparatoria, sin que el Ministerio Público Fiscal (MPF) requiriera una prórroga.

El juez Moeykens avaló al defensor, aunque había indicado que no correspondía definir el sobreseimiento de los Juárez y de Sánchez en esa audiencia. De todos modos, los tres clientes de Morales habían quedado cerca de librarse de este trámite penal.

El viernes último, la causa volvió a ventilarse, ahora en el Tribunal de Impugnación, donde la Fiscalía a cargo de Rivadeneira expuso ante la jueza Casas que lo resuelto por el juez Moeykens fue arbitrario, entre otros puntos, porque no corresponde al MPF fijar la fecha de las audiencias.

Tras escuchar la postura de la defensa y de los imputados, la magistrada convalidó la postura de la fiscalía y dispuso que la investigación penal preparatoria siga adelante también contra los imputados Juárez y Sánchez.

Masso había denunciado el 15 de enero la venta de mercadería que el Ministerio de Desarrollo Social había comprado para destinarla a la asistencia alimentaria.

La Justicia provincial ordenó una serie de procedimientos y, además del secuestro de evidencia, se produjo el arresto de cinco sospechosos.

Una de las hipótesis es que los lotes eran sacados de un depósito contratado por el Gobierno provincial para luego ser ofrecidos a la venta, aún sabiendo que estaba prohibida la comercialización de tales  productos.

Entre los productos secuestrados había arvejas, puré de tomates, fideos, harina, leche en polvo, azúcar, arroz y aceite, entre otros comestibles./Contexto